El proyecto de ley de armonización del sistema eléctrico nacional necesita 38 votos para ser aprobada en segundo debate, respaldo con el que aún no cuenta.
El proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional, impulsado por el gobierno, no cuenta con los 38 votos para ser aprobado: ¿será el referendo la alternativa del oficialismo?
El referendo es un mecanismo de participación ciudadana que se incorporó al artículo 105 de la Constitución Política a inicios de la década de los 2000, y solo se ha aplicado una vez en el país: en octubre del 2007 para aprobar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Se utiliza para la aprobación de leyes, su derogatoria o su modificación, siempre y cuando no se trate de materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, derechos humanos y de seguridad.
La iniciativa de armonización del sistema eléctrico nacional, que busca la apertura del mercado eléctrico y la modificación de funciones de instituciones como ARESEP y ICE, necesita 38 votos para ser aprobada en segundo debate, respaldo con el que no cuenta.
Por este motivo, representantes del gobierno han dejado abierta la posibilidad de que el asunto se lleve a referendo.
¿Es factible que el proyecto que se discute en el Congreso se someta a votación popular?
No todas las propuestas de ley pueden ir a referendo, según lo dispuesto en la Constitución Política.
Para el abogado constitucionalista Marvin Carvajal no existe tanta claridad, debido a varios aspectos.
“Hay un debate acerca de si puede ser sometido al referéndum, ya que una de las materias excluidas es precisamente la materia tributaria, y en el proyecto se crea un canon a favor del nuevo ente regulador del mercado eléctrico, y algunas personas han considerado que por esta razón no podría ser sometido al referéndum; mi punto de vista es que sí podría hacerlo, no se trata de un proyecto que tenga como objeto crear, modificar o alterar impuestos o tributos de cualquier tipo, sino que se trata de un proyecto con un objetivo muy particular y es crear un mercado eléctrico y regular adecuadamente, y colateralmente, como un elemento adicional, incluye la creación de ese canon, de modo que me parece que ese es un argumento suficiente para descartar esa posibilidad”, explicó.
En caso de llevarse a cabo, podría ser convocado a través de tres formas: con al menos el 5% del padrón electoral (180.000 firmas), por la Asamblea Legislativa con 38 votos, o por el Poder Ejecutivo con el apoyo de 29 diputados.
Fuera de las paredes legislativas, otras voces han mostrado su anuencia a que el tema sea llevado a referendo.
Tal es el caso del exdiputado y excandidato presidencial Antonio Álvarez Desanti, quien pide considerar la opción.
“Para mí debe llevarse a referéndum, no debería ser una situación opcional, sino casi que obligatoria para nosotros como costarricenses, el país tiene algunos temas en los que no hemos avanzado, en donde hay dos grupos: uno que pretende que los proyectos avancen y otro que se opone, los dos tienen razones legítimas y yo respeto las posiciones de ambos, pero el país no puede quedar paralizado, Costa Rica debe de avanzar y debe de tomar definiciones, y en el caso del proyecto de armonización eléctrica o la apertura eléctrica, es necesario que el país tome una definición; me parece que lo más importante es darle al pueblo la potestad de que el pueblo decida y que se convoque un referéndum y la sociedad costarricense diga si quiere tener apertura eléctrica, como la ha tenido en otras actividades, o si quiere seguir con un monopolio en manos del Instituto Costarricense de Electricidad”, expresó.
