Tanto Pilar Cisneros como Johnny Araya han cuestionado, recientemente, posiciones tomadas por la Contraloría General de la República. Noticias Columbia conversó con un abogado en administración pública quien explicó las funciones y limitaciones de este órgano.
Dos actores políticos de renombre en el país han realizado serias críticas en contra de la Contraloría General de la República (CGR) durante las últimas semanas.
En primera instancia, la diputada oficialista, Pilar Cisneros, se había pronunciado en contra de un pronunciamiento de esta entidad sobre el proyecto de Ciudad Gobierno.
“La contralora general de la República, Marta Acosta, parece ser la nueva líder suprema de este país, arrogándose el derecho de interpretar las leyes a su antojo para frenar importantes proyectos como Ciudad Gobierno y la colocación de escáneres. Una Ciudad Gobierno para más de 35 instituciones públicas que nos permitiría ahorrar casi 30.000 millones de colones anuales. (…) Me pregunto, ¿Dónde estaba la contralora que no exigió a los otros presidentes de la República emprender esta obra para evitar despilfarrar nuestros impuestos?”, cuestionó la diputada.
Por su parte, el alcalde josefino, Johnny Araya, también ha expresado su oposición a algunas decisiones tomadas por esta institución.
Según el jerarca de la Municipalidad de San José, no es entendible que desde esta entidad se le hayan aplicado una serie de sanciones en los últimos años.
“Me parece que a partir de ese momento en que estuvimos confrontados en una posición en donde yo fue muy beligerante para lograr que la Asamblea Legislativa eliminara la regla fiscal de las municipalidades. En 25 años anteriores, un procedimiento administrativo había tenido yo y en 2 años y medio ya llevo 5. ¿Por qué esta persecución? Yo estaba prácticamente seguro en este caso que mis apelaciones iban a ser aceptadas por la Contraloría, sobre todo cuando les aporto jurisprudencia de la Sala Primera de casos similares, lo pasaron por alto”, manifestó Araya.
En Noticias Columbia conversamos con el abogado especialista en administración pública, Josué Bogantes, para comprender el funcionamiento de la Contraloría y sus alcances.
El abogado explicó que, como parte de sus labores, desde esta entidad se busca velar por el correcto cumplimiento de gestiones relacionadas con la hacienda pública.
“La CGR es el órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa que está encargado de llevar la fiscalización de la hacienda pública. Dentro de todas las tareas que pueden entenderse como esa fiscalización, puede verse a través del análisis de procedimientos administrativos en el cual la CGR tenga que determinar si cabe o no la posibilidad de indilgar responsabilidades administrativas y civiles a los diferentes titulares, funcionarios, servidores e incluso sujetos privados inmersos en la dinámica de la administración”, detalló Bogantes.
Además, el especialista afirmó que las determinaciones que toma la Contraloría en relación a asuntos propios de sus labores, son de acatamiento obligatorio.
“De acuerdo a lo que indica la misma Ley Orgánica de la CGR, los pronunciamientos de la CGR son obligatorios para los sujetos pasivos que estén bajo la fiscalización de la misma. Es decir, esos criterios o posiciones que brinde la CGR dentro del ámbito de sus funciones, principalmente todo lo que está concerniente a la fiscalización de la hacienda pública e incluso para los lineamientos para el fortalecimiento del sistema de control interno, esos pronunciamientos van a ser de acatamiento obligatorio”, añadió el experto.
Bogantes también se refirió a las polémicas que han surgido alrededor de la labor que realiza la Contraloría.
Para el abogado, es importante tener en cuenta que los criterios que emite esta entidad no tienen ningún tipo de intención política.
“Más allá de algunos cuestionamientos públicos recientes que se han hecho la determinación de responsabilidad administrativa de algunos servidores, que sí, hemos visto recientemente, recordemos que la CGR y más en el marco de los procedimientos administrativos de la hacienda pública, no son de carácter político”, señaló Bogantes.
Además, el especialista agregó que “esa participación de la CGR se limita únicamente a hacer revisiones de legalidad. No es a dar algún criterio de oportunidad o si se quisiera dar alguna posición nueva respecto a la visión política que se está tomando en la dirección de un ente, eso evidentemente no es parte de lo que hace la CGR”.
