La resolución responde al recurso de amparo que interpuso la Defensoría de los Habitantes el pasado 1 de julio.
La Sala Constitucional ordenó al ministro de Seguridad, Mario Zamora, entregar a la Defensoría de los Habitantes información sobre la Política Nacional de Seguridad “Costa Rica Segura Plus 2023-2030” en cinco días.
La resolución responde al recurso de amparo que interpuso la Defensoría de los Habitantes el pasado 1 de julio, debido a la falta de información que solicitó la entidad al ministro de Seguridad Pública, en el marco de la investigación que lleva de oficio.
La defensora, Angie Cruickshank, detalló de dónde surge el reclamo y qué debe entregar el ministro a la Defensoría.
“Cinco días a partir de notificada la sentencia es el plazo que le ordenó la Sala Constitucional al ministro de Seguridad, Mario Zamora, para que entregue la información que requerimos como Defensoría de los Habitantes, como parte de una investigación de oficio que realiza este órgano defensor respecto a la Política Nacional de Seguridad conocida como ‘Costa Rica Segura Plus 2023-2030’; toda esta información estuvo contemplada en un oficio que le remitimos al ministro de Seguridad el 3 de abril del presente año y que no respondió en su totalidad, por lo que recurrimos al Tribunal Constitucional y al respeto al derecho de acceso a la información pública, indispensable para esta Defensoría en el avance de su labor de control; entre los puntos que ordenó la Sala Constitucional que debe contestar el ministro a la Defensoría están: el por qué se prevé una disminución únicamente de 34 delitos por cada 100.000 habitantes al año 2030 e informar los motivos técnicos que justificaron una meta tan modesta; también detallar la propuesta de sostenibilidad financiera y fuentes de financiamiento para ejecutar la Política Nacional de Seguridad y, por último, informar de los plazos y medios a través de los cuales se realizarán las evaluaciones de la Política”, amplió.
El Plan Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura Plus 2023-2030 fue presentado el 22 de noviembre del 2023, con el objetivo de reducir la tasa de homicidios a 9.5 por cada 100 mil habitantes, cuando en 2022 la tasa fue de 12.6, además de bajar otros rubros como la comisión de delitos y femicidios.
En su presentación, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, calificó la Política como “la ruta de solución al problema de inseguridad que vive el país”, a través de la prevención, de la profesionalización de los policías y del trabajo conjunto entre Poderes de la República.
Sin embargo, la Defensoría inició una intervención de oficio en abril pasado, como lo ha hecho con otras Políticas, y encontró una falta de rumbo en materia de seguridad, según alegó Cruickshank en su participación en la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico el pasado 3 de octubre.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, defendió que la resolución de la Sala Constitucional da la razón a su cartera en algunos aspectos.
Según indicó, hay algunos aspectos que sí serán entregadas dentro del plazo establecido por la Sala.
“La Sala Constitucional da una especie de empate técnico, ya que en seis de las interrogantes que plantea la Defensoría nos da a nosotros la razón, y en cinco de ellos le dice a la Defensoría que puede nuevamente plantearlos ante el Ministerio de Seguridad, y nos dan un plazo de cinco días para responder; en eso debemos responder y ya lo estamos haciendo a la Defensoría: la periodicidad con que se reúne y resuelve sus asuntos el Consejo de Seguridad Presidencial, no así los contenidos de las agendas de trabajo, de igual manera lo que respecta a este plan de acción, los tiempos y mecanismos de evaluación con los cuales serán dados estos esquemas de control sobre el desarrollo del Plan de Acción, situación que ya tenemos elaborada y que procedemos a compartir, porque en el momento en que nos lo preguntó la Defensoría anteriormente se dijo que estaba en proceso de elaboración; importante señalar que esto demuestra que la mayor parte de nuestras respuestas dadas a la Defensoría tienen asidero constitucional”, respondió.
