El anuncio de la presidenta electa abre la discusión sobre cómo funciona este financiamiento estatal y de qué forma los partidos pueden acceder —o renunciar— a estos recursos.
La presidenta electa Laura Fernández aseguró este martes, durante la entrega de credenciales del Tribunal Supremo de Elecciones, que el partido Pueblo Soberano renunciará a más del 50% de los recursos que le corresponden por concepto de deuda política, tras el triunfo de la fórmula presidencial y la obtención de 31 diputados.
Fernández afirmó que esta decisión responde al compromiso asumido durante la campaña de realizar un proceso austero.
“Cuando inicié la campaña le prometí a los costarricenses una campaña austera, porque creo que la política no es un negocio”, señaló.
La jerarca electa detalló que inicialmente se había comprometido a renunciar al menos al 25% de la contribución estatal; sin embargo, el monto que finalmente dejarán de utilizar supera ampliamente esa cifra.
“Es un 58% del monto al que el Partido Pueblo Soberano podría tener acceso. No lo usamos porque creemos que la política es servicio y no una maquinaria para hacer festines del dinero público”, enfatizó.
Según indicó, el partido dejó sin utilizar más de 11.000 millones de colones.
¿Qué es la deuda política y cómo funciona?
La deuda política es el mecanismo mediante el cual el Estado financia parcialmente a los partidos políticos por los gastos realizados durante la campaña electoral. Este aporte se define con base en la cantidad de votos obtenidos por cada agrupación.
Sin embargo, estos recursos no se entregan automáticamente. Para acceder a ellos, los partidos deben cumplir requisitos como alcanzar al menos un 4% de los votos válidos o elegir al menos un diputado.
Además, deben presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones una liquidación detallada de sus gastos de campaña, incluyendo facturas y comprobantes que respalden el uso de los recursos.
Una vez revisada y aprobada esa información, el Estado realiza el reembolso correspondiente, siempre y cuando los gastos cumplan con lo establecido en la normativa electoral.
¿Cómo puede un partido renunciar a estos recursos?
El asesor de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones, Andrei Cambronero, explicó que los partidos no están obligados a cobrar la totalidad del monto al que tienen derecho.
Tras la declaratoria oficial de resultados de diputaciones, el Tribunal define el monto máximo que cada partido puede recibir. A partir de ese momento, las agrupaciones cuentan con un plazo de 60 días para presentar la documentación que respalde sus gastos.
Cambronero detalló que los partidos pueden optar por no presentar la liquidación o hacerlo por un monto menor al máximo permitido. En ambos casos, la diferencia no utilizada se devuelve al Ministerio de Hacienda para su redistribución en otras necesidades del Estado.
Financiamiento mixto de las campañas
El analista político Sergio Araya explicó que en Costa Rica existe un modelo de financiamiento mixto para las campañas electorales.
Esto significa que los partidos pueden financiarse tanto con recursos privados —principalmente donaciones de personas físicas— como con fondos públicos provenientes de la deuda política.
Estos recursos estatales se entregan posteriormente, una vez que el partido presenta su liquidación de gastos y el Tribunal valida que cumplen con los requisitos establecidos en el Código Electoral.
Araya también recordó que parte del financiamiento puede provenir de los llamados bonos de cesión de deuda política, que representan una expectativa de pago condicionada al cumplimiento de los requisitos legales y al resultado electoral.
