La propuesta de la Municipalidad de San José apenas iniciará su consulta pública, pero ya enfrenta críticas de comerciantes, el Ministerio de Cultura y diputados oficialistas.
El nuevo reglamento para espectáculos públicos de la Municipalidad de San José se convirtió en el centro de un debate que trasciende la regulación del ruido. La discusión enfrenta dos visiones sobre el futuro de la capital: una que prioriza el orden y la convivencia en los barrios, y otra que teme que las nuevas reglas limiten la actividad cultural, gastronómica y comercial.
Aunque el Concejo Municipal aprobó el texto esta semana, el proceso aún no concluye. La propuesta pasará ahora a una consulta pública de diez días, durante la cual ciudadanos, comerciantes y organizaciones podrán presentar observaciones antes de la votación definitiva.
El regidor Brandon Guadamuz, quien votó a favor, recordó que el acuerdo representa apenas el inicio del proceso.
«Lo que se aprobó es que vaya a una etapa de consultas a la ciudadanía durante 10 días… Yo insto tanto a comerciantes como a vecinos a que manden sus observaciones para que eventualmente pueda salir un reglamento balanceado», afirmó.
Guadamuz señaló que la intención es encontrar un equilibrio entre el derecho de los comercios a desarrollar su actividad y el descanso de quienes viven cerca de esos establecimientos.
Uno de los cambios que más controversia ha generado establece que los restaurantes podrán ofrecer música en vivo, karaoke o presentaciones de DJ, pero esas actividades no podrán convertirse en eventos bailables. Además, el reglamento fija límites de ruido diferenciados según el horario y la ubicación del establecimiento.
Para el alcalde Diego Miranda, la discusión ha estado marcada por interpretaciones erróneas del texto. El jerarca sostiene que la Municipalidad está abierta a modificar la propuesta durante la consulta.
«Es apenas el comienzo del proceso… vamos a abrir el canal de comunicación para tomar todas esas sugerencias y mejorar lo que el reglamento tenga», indicó.
Miranda también defendió que la iniciativa busca impedir que algunos establecimientos operen con actividades distintas a las autorizadas y negó que el reglamento otorgue facultades arbitrarias.
Incluso, rechazó las críticas sobre el artículo que permite suspender espectáculos cuando exista tolerancia o promoción del consumo de drogas.
«Algunas de las personas que han generado una bulla innecesaria sobre este reglamento son precisamente quienes, cuando hemos querido fiscalizar ciertos negocios problemáticos, incluso ligados al narco, no necesariamente han estado de nuestro lado», manifestó.
Críticas por restricciones y falta de diálogo
Las objeciones no provienen únicamente de sectores comerciales.
El regidor Marco Tulio Ramírez votó en contra al considerar que el problema no radica en la ausencia de normas, sino en la falta de fiscalización municipal.
«No hacemos nada con un reglamento si no tenemos inspectores… Lo que estamos haciendo es una persecución al comercio», afirmó.
Ramírez cuestionó que se impongan restricciones generales cuando, a su juicio, los conflictos se concentran en pocos establecimientos.
A esas críticas se sumó la Cámara de Comercio de Costa Rica. Su directora ejecutiva, Karol Fallas, advirtió que el proyecto incorpora nuevas cargas administrativas y criterios que podrían generar incertidumbre para quienes invierten en el cantón.
«Creemos que San José necesita una regulación que brinde seguridad jurídica, simplifique trámites y promueva el desarrollo económico», señaló.
El diputado oficialista José Miguel Villalobos también pidió retirar temporalmente la iniciativa para construir un texto con mayor consenso.
Cultura versus regulación
El debate también llegó al Gobierno.
El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, envió un criterio contrario al reglamento y defendió que las ciudades requieren normas, pero también espacios para el desarrollo artístico.
«Una capital vibrante no es la que silencia sus expresiones culturales, sino la que sabe ordenarlas para que puedan seguir enriqueciendo la vida de todas las personas», expresó.
Rodríguez considera que limitar actividades como la música, el baile o los espectáculos podría afectar a artistas, productores, técnicos y emprendedores que dependen de la economía cultural.
Una discusión que apenas comienza
El proceso de consulta pública definirá si la Municipalidad mantiene el texto original o introduce cambios para responder a las críticas.
Mientras tanto, el debate ya dejó claro que la discusión no gira únicamente en torno a decibeles, horarios o permisos. El fondo del conflicto es cómo compatibilizar el derecho al descanso de los vecinos con el desarrollo económico, el turismo y la vida cultural en una ciudad que busca redefinir su convivencia.
