Entidad sostiene que, por criterios incorrectos, se han dado algunos decomisos de producto comprado de forma legal y con factura de respaldo. Jerarcas confirman acercamiento para ver el tema.
Un llamado que hizo la Cámara de Empresarios del Combustible, a finales del año pasado, encontró respuesta en Recope y el Ministerio de Seguridad.
En diciembre del 2025, durante una conferencia para analizar los hechos relevantes del año 2025, la Cámara alertó de decomisos de producto que la Policía hace a personas que lo compraron de forma legal y con facturas que respaldaban el pago.
La entidad alega que se trata de usuarios que deben llevar combustible a zonas alejadas de las estaciones de servicio como fincas agrícolas o para actividades de pesca, entre otras. El problema a veces es la cantidad o el método de transporte.
Por estas razones hicieron instaron al Ministerio de Seguridad y a Recope a revisar los protocolos de forma que se diferencien este tipo de compras, de sectores productivos, con las que se hacen de forma irregular o se dan por trasiego ilícito.
La presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero, confirmó a Noticias Columbia que atenderán la inquietud de la Cámara y está previsto un encuentro para discutir el tema.
«Vamos a hacer una reunión conjunta porque nosotros trabajamos con el Ministerio de Seguridad en un protocolo de los aspectos mínimos que tienen que revisar cuando alguien trasiega combustible. Yo, por ejemplo, como ciudadano normal, puedo llevar cierta cantidad de combustible, una pichinga, un poquito más en mi vehículo, este siempre y cuando aporte la factura y demás», dijo.
«Vamos a reunirnos con ellos para ver exactamente cuál es la situación que se está presentando, revisar con los muchachos de Fuerza Pública el protocolo que tenemos y si es necesario ajustarlo. Esperamos tener la información de parte de ellos para mejorar nuestros procesos», añadió.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, dijo que la Policía debe velar porque el traslado del combustible se haga de forma segura y adecuada.
«El transporte de combustible se debe hacer cumpliendo con una serie de requisitos para evitar justamente que se vuelva explosivo para quien lo transporta y para las personas a través de las de las vías públicas. Entonces, deben haber condiciones de alta seguridad para que ese transporte se lleve a cabo. Lamentablemente, así no lo hemos visto. Hemos observado camiones de carga transportando 5.000 pichingas de combustible; cantidades que, en caso de explosionar, ocasionaría un gran daño no solo a quien lo transporta, sino a todas las personas alrededor«, expresó.
Zamora mencionó otros casos como los decomisos de combustible en la zona de Crucitas (Cutris de San Carlos). Aunque les han dicho que es para efectos de agricultura, en parte podría tener relación con el funcionamiento de herramientas empleadas en la minería ilegal de oro.
«También en la zona de Tortuguero hemos encontrado combustible, que si bien es cierto puede ser para pescadores, también para grupos narcotraficantes que operan en esas zona», detalló.
«Son parte de las acciones y por eso lo que hicimos fue ordenar la cancha, solicitarle a a la entidad rectora que es Recope, dar señalamientos claros para determinar, de punto a punto, cuándo estamos frente a una situación lícita de transporte de combustible, para llevar a cabo actividades lícitas y diferenciarlo de aquel transporte para llevar combustible a actividades ilícitas, como es el narcotráfico y la minería ilegal», recalcó.
Expectativa
El director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible, José Miguel Masís, expresó que solicitaron la reunión con Recope para entender cuáles son las disposiciones en cuanto a los decomisos y tener claridad de la visión tienen.
«En el caso de la Policía, queremos coordinar a la brevedad posible una reunión con don Mario Zamora, ojalá esté presente Recope no como rector, sino como actor principal, pero sí también el rector de esta actividad que es precisamente Minae», manifestó.
Masís comentó que existe una iniciativa de ley que busca clarificar cuando se está en presencia de combustible obtenido de forma ilegal e incluso endurecer sanciones. Considera indispensable el papel del Ministerio de Ambiente por la reglamentación que se requiere después.
«Establecer cuáles son las líneas de ejecución de la norma y ahí tener claro que hay combustible robado que circula, pero también hay combustible legal que también circula para actividades legales que corresponden a la economía de cada lugar, dígase agricultura, dígase pesca, industria», resaltó.
