Una pancarta con la frase “Diputadxs, how much?” molestó al liberacionista Luis Fernando Mendoza, quien fue respaldado por la socialcristiana Daniela Rojas.
¿Pueden restringirse las manifestaciones de ciudadanos dentro de la Asamblea Legislativa?
Durante la sesión de la Comisión Especial del Sector Energético Nacional de este jueves, donde se discute el proyecto de ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (exp. 23.414), un grupo de manifestantes con carteles incomodó a algunos legisladores.
El proyecto tiene como fin primordial modernizar y unificar el sistema eléctrico nacional, a través de la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), una institución autónoma con independencia técnica y organizacional.
Además, se abriría la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica pueda participar en el Sistema Eléctrico Nacional, lo que ha generado preocupaciones en algunos sectores relacionados con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
En ese contexto, algunos manifestantes se presentaron en la Barra de Público con pancartas, mostrando su posición en contra de la iniciativa.
Una de ellas decía “Diputadxs, how much?”, la cual molestó al liberacionista Luis Fernando Mendoza.
“Yo fui presidente de esta Asamblea Legislativa y siempre fui sumamente riguroso con el tipo de manifestaciones que se dan en la barra del público, ahí hay un rótulo que ofende a los diputados de esta Asamblea Legislativa: ‘diputados, how much?’ Le solicito, presidenta, se retire ese rótulo porque es ofensivo para los diputados de la Asamblea Legislativa”, señaló.
Las declaraciones de Mendoza fueron respaldadas por la presidenta de la Comisión, la socialcristiana Daniela Rojas.
“Podemos discrepar, pero de discrepar a hacer una afirmación o hacer una pregunta de que cuánto nos están pagando por una cosa de esas no es así, no nos están pagando absolutamente nada, es como que yo consulte que si a ustedes alguien les está pagando por venir a manifestarse, ¿verdad que no es necesario? Entonces sería importante si pudieran tal vez hagan otro rótulo”, respondió.
La socialcristiana manifestó después que podrían hablar con la Administración de la Asamblea Legislativa sobre estas manifestaciones, e incluso solicitó a la Seguridad Legislativa intervención.
Inmediatamente, la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, cuestionó a los legisladores por tratar de limitar las manifestaciones de los ciudadanos.
“Yo creo que mientras no haya una vulgaridad o una obscenidad, pues que ya me parece que no vendrían al caso, si los carteles quieren preguntar lo que sea que quieran preguntarnos diay somos representantes populares y no tenemos más que escuchar y contestar, ¿verdad? Ya ustedes han dicho ‘nadie nos está pagando nada’, bueno, ya está, ellos quieren preguntar y creo que es un derecho, no creo que tenga sentido que hoy nos agarremos con las barras sobre lo que quieran manifestarse, y además, compañeros y compañeras, este no es un tema cualquiera, este es el Instituto Costarricense de Electricidad, yo creo que esta es la culminación de la privatización del mercado eléctrico y creo que eso va a ir despertando en la ciudadanía cada vez más reacciones y va a ir despertando cada vez más indignación”, alegó.
Según el liberacionista Luis Fernando Mendoza, el comentario le pareció ofensivo porque en su función “se ha conducido bajo ética y moral”, y que aunque no se opone a la protesta social considera que no deben permitirse los alegatos ofensivos.
¿Es posible limitar la manifestación de ciudadanos dentro de la Asamblea Legislativa?
La abogada experta en Derecho de la Comunicación, Giselle Boza, comentó que las regulaciones al derecho a la libertad de expresión y al ejercicio de la crítica política están reguladas bajo una “tutela amplia del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática”.
Además, explicó que ya la Sala Constitucional se ha manifestado respecto a su ejercicio dentro del Congreso.
“Si bien hay un reglamento de acceso de personas visitantes a la Asamblea Legislativa ya en 2011 la Sala Constitucional había advertido que en el ingreso de personas a las barras del público de la Asamblea Legislativa no se pueden ejercer mecanismos de censura previa de los contenidos de pancartas o de cartelones que lleven las personas, y los órganos legislativos no podrían ejercer ningún tipo de mecanismo de censura previa de esos cartelones; ahora, como en sentido amplio el derecho a la libertad de expresión tiene también límites cualquier persona que se sienta ofendida a título personal por uno de estos mensajes podría enderezar cualquier tipo de acción en la vía penal”, explicó.
Boza recordó que en el caso de funcionarios públicos hay un ámbito más amplio de tolerancia, con el fin de que la ciudadanía haga un control democrático, por lo que considera que la reacción de los diputados contra la pancarta es una forma de censura y de poco tolerancia.
Sin embargo, sí existe una sanción para quienes perturben alguna sesión tanto del Congreso como de Consejos Municipales, establecida en el artículo 315 del Código Penal.
El abogado constitucionalista Marvin Carvajal comentó que corresponde a la presidencia del órgano legislativo llamar al orden en la Barra de Público si existe violencia, pero sin llegar a censura.
“En mi opinión esto era una manifestación de la libertad de expresión de esta persona que le puede traer consecuencias eventualmente, quizás no esa pancarta porque era muy genérica, pero imaginémonos que hubiera estado dirigida a un diputado o una diputada diciendo ‘usted recibió dinero de X’, consideraría yo que debe permitirse que se dé en la barra, pero la persona afectada puede inmediatamente ir y poner una querella”, amplió.
