La iniciativa responde a una exigencia de la Constitución Política en su artículo 112.
La diputada independiente, Kattia Cambronero, presentó un proyecto de ley que busca crear un procedimiento para sancionar e incluso remover a diputados que cometan faltas graves al deber de probidad.
La iniciativa establece un mecanismo administrativo para investigar a legisladores cuando existan señalamientos por corrupción, conflictos de interés, uso indebido del cargo o actuaciones que afecten la Hacienda Pública.
Durante la presentación de la propuesta, Cambronero se refirió al espíritu del proyecto y resaltó su importancia para garantizar un trabajo adecuado en el Congreso.
«Durante décadas, el país no ha contado con un procedimiento claro, eficaz y garantista. Eso es lo que busca esta iniciativa, convertir una norma constitucional simbólica en una regla efectiva con debido proceso, con garantías, con reglas claras para todas las partes. Este proyecto no parte de la desconfianza, sino del principio democrático básico de la rendición de cuentas.
Defiende al Parlamento cuando actúa con integridad, pero también le da al Estado herramientas para responder cuando se cruza una línea grave que es el deber de probidad. La inmunidad parlamentaria existe para proteger la función legislativa, no para amparar conductas indebidas como muchas que hemos visto», afirmó la legisladora.
El proceso iniciaría con una solicitud para levantar la inmunidad del diputado o diputada. Para aprobarla, bastaría mayoría simple. Si se levanta la inmunidad, el Plenario conformaría una comisión especial, la cual sería la encargada de investigar el caso.
La comisión tendría un plazo máximo de tres meses para realizar una investigación preliminar. Durante ese tiempo podría recabar pruebas, solicitar informes y recibir declaraciones.
Concluida la investigación, se convocaría al diputado o diputada a una audiencia para que ejerza su defensa y presente pruebas.
Posteriormente, la comisión emitiría una resolución. Si se trata de faltas menores, podría imponer sanciones administrativas. Pero si considera que el caso amerita la remoción, enviaría el expediente al Tribunal Supremo de Elecciones.
El Tribunal sería el órgano encargado de decidir, en un plazo de hasta tres meses, si se cancela o no la credencial del diputado. Solo el Tribunal podría ordenar la pérdida definitiva del cargo.
Cambronero se refirió a la importancia de la participación de diversas instituciones en el proceso.
«La propuesta establece un procedimiento ordenado, transparente y respetuoso del debido proceso. Define una instancia instructora, regula el levantamiento de la inmunidad cuando corresponde.
Permite la participación de órganos técnicos del Estado en casos que afecten la Hacienda Pública y asigna al Tribunal Supremo de Elecciones el rol constitucional que le corresponde en la cancelación de credenciales. Nada de esto es improvisado ni arbitrario. Es una propuesta por instituciones fuertes, reglas claras y democracia transparente», amplió la diputada.
El proyecto también establece un régimen de sanciones que van desde amonestaciones públicas y suspensiones temporales, hasta inhabilitaciones y la pérdida definitiva de la credencial.
El candidato a diputado por el Partido Centro Democrático y Social (CDS), Emilio Arias, valoró positivamente la iniciativa y afirmó que las sanciones deben ampliarse a otros funcionarios.
«Personalmente, estoy de acuerdo con cualquier proyecto de ley que tienda regular siempre alrededor del principio de probidad y todo lo que tiene que ver con corrupción de cualquier funcionario público, de cualquier institución y de cualquier poder de la República. Este proyecto deberá ser consultado en cuanto a su constitucionalidad y que cumpla con la legislación vigente, pero me parece que no solamente deben de ser los diputados sino que cualquier persona que ostenta un cargo público en el Estado costarricense está obligado a actuar con probidad, con transparencia.
De lo contrario, debe dar la cara y debe de enfrentar los procedimientos y si una persona no cumple, no sirve e incumple la legislación vigente, debe de ser removida de su cargo, como cualquier persona en cualquier trabajo, no deben de haber costarricenses de primera y de segunda clase», aseguró Arias.
Finalmente, el abogado constitucional, Marvin Carvajal, recordó que la propia Constitución Política, en el artículo 112, establece que un diputado puede perder su credencial si falta al deber de probidad.
«Este proyecto busca suplir esa deficiencia, para que esa norma constitucional reformada desde el año 2018 pueda ser efectivamente implementada a través de la promulgación de la ley que la propia reforma constitucional estableció como necesaria para poder lograr que personas diputadas que incumplan su deber de de probidad y puedan ser sancionados, puedan perder su credencial.
El proyecto es viable, es decir, desde el punto de vista constitucional hay una autorización dada por el artículo 112, que más que una autorización es una obligación de reglamentar y de desarrollar esa norma, de modo que la Asamblea Legislativa puede por ley hacer lo que está haciendo. El proyecto como tal está, en términos generales, bien; reconoce el debido proceso, exige el levantamiento de la inmunidad, lo cual aunque podría no ser necesario, ya que no se trata de una sanción de tipo penal, lo cierto es que guardaría coherencia con otras normas del Código Electoral que establecen potestades de sanción por parte del TSE. Da esa competencia al TSE, lo cual también es correcto.
A mí la única duda que me queda es en relación con la tipificación de las faltas. Me parece que podría ser un poco más precisa, más ajustada esa tipificación para darle seguridad a la persona investigada, pero además para darle efectividad a este procedimiento. Lo que menos quisiéramos es que una persona que haya faltado al deber de propiedad no pueda perder su credencial por algún tecnicismo», detalló el experto.
