Esto luego de que 14 legisladores enviaran a consulta el texto propuesto por el diputado de Nueva República, David Segura.
Catorce diputados enviaron a consulta en la Sala Constitucional el proyecto de ley contra el sicariato en Costa Rica, propuesto por el diputado del Partido Nueva República (PRN), David Segura.
El texto adiciona un artículo 112 bis y un artículo 280 bis al Código Penal, de manera que se impongan sanciones de cárcel de entre 20 y 40 años a quien “en razón de la pertenencia o participación en una organización criminal, cause la muerte de otra persona, por promesa remuneratoria o encargo”.
De igual manera, se imponen entre 3 y 5 años de prisión a quien “públicamente solicite, ofrezca o promueva servicios de homicidio por encargo, acuerdo o promesa remuneratoria”, así como a quien “públicamente ofrezca servicios de preparación o entrenamiento para llevar a cabo el homicidio por sicariato”.
Según la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro, quien firmó la consulta de constitucionalidad, ya existen los mecanismos en el Código Penal para sancionar a quienes incurran en este delito.
«Mandar la consulta a la Sala en el tema del sicariato y mi firma en ella no tiene que ver absolutamente nada con suavizar el combate al sicariato. En Costa Rica, sin embargo, esta figura ya está protegida dentro del Código a través del homicidio calificado, de la autoría mediata, de la coautoría, de la participación criminal, todo ya regulado en el Código Penal. Ya contamos con las herramientas jurídicas para condenar a un sicario y a quien lo contrate.
Lo que a mí no me parece es crear más delitos que puedan generar una confusión a un juez, debilitar la técnica apropiada y que genere una inseguridad jurídica que más bien pueda venir a abrir un portillo para debilitar el castigo a un sicario. No creo en en duplicar delitos ni crear figuras, pero sí creo, por supuesto, en combatir firmemente el sicariato a través de esto y de muchas otras cosas más», argumentó Castro.
Por su parte, el diputado proponente, David Segura, lamentó la decisión de los legisladores que enviaron la consulta a la Sala Constitucional.
Según el neorepublicano, los costarricenses exigen medidas duras en la lucha contra el crimen organizado.
«Realmente, es lamentable que 14 diputados frenen un proyecto tan importante, un proyecto que presentó Nueva República para sancionar con 40 años de prisión a los sicarios y también sancionar a los que recluten menores con fines de sicariato y también a los que promocionen esta actividad. Lo que yo veo es una total desconexión de los partidos tradicionales, sobre todo de Liberación Nacional y el Frente Amplio con la realidad que se vive en las comunidades.
Cuando uno va a los territorios, cuando uno va a las zonas costeras y rurales, cuando uno va a algunas comunidades del Gran Área Metropolitana, a la gente le preocupa el tema de la inseguridad, le da miedo que sus hijos salgan a las calles, le da miedo como el sicariato y como el crimen organizado le ha ganado a este gobierno y pone en peligro la vida de todos costarricenses.
Entonces, yo lo que espero es que dentro de un mes, que la Sala conteste, podamos aprobar este proyecto cuanto antes y espero que esos diputados que hoy están tratando de impedir que este proyecto se apruebe, no vayan a rechazar este proyecto tan importante que está necesitando Costa Rica. Nosotros, en Nueva República, seguiremos con un compromiso firme de apoyar mano dura en contra de los delincuentes y promover este tipo de iniciativas, que es lo que a la gente realmente le importa y espera de los diputados», manifestó Segura.
El abogado experto en materia constitucional, Fabián Volio, recordó que la Sala tendrá únicamente 30 días para resolver la consulta planteada por los legisladores.
De igual manera, explicó cuáles son las posibles respuestas que puede brindar el máximo órgano constitucional.
«El trámite de consulta legislativa de constitucionalidad consiste en que 10 diputados firman una petición ante la Sala Constitucional por la que deben expresar que están convencidos de existir un choque de este proyecto de ley con la Constitución Política. Si ellos no lo dicen de una manera asertiva, la Sala Constitucional lo va a rechazar, porque si no están convencidos de ser inconstitucional el proyecto o alguna de sus normas, van a rechazárselo porque van a decir: «usted no me plantea a mí un conflicto entre el proyecto de ley y la Constitución, que es una norma superior.» Esto, en primer lugar.
En segundo lugar, la Sala se va a limitar a resolver acerca de los temas de procedimiento, que es lo que dice la ley. Entonces, los diputados tienen que haber expuesto que se incumplieron procedimientos muy importantes que exige la Constitución o el reglamento de la Asamblea Legislativa para la tramitación de la ley. Esa es la parte que es vinculante, pero también a veces los diputados se extienden atacando anticipadamente el contenido del proyecto de ley, ya no el aspecto de procedimiento y entonces la Sala Constitucional no debería pronunciarse, pero a veces se pronuncia sobre eso.
Ahora, si la Sala Constitucional acepta el caso, tiene 30 días para resolver y normalmente lo han respetado. Si dice que hay algún problema de procedimiento, el proyecto de ley tiene que devolverse a la etapa correspondiente, corregir esa etapa y volverlo a aprobar. En cambio, si no hay ningún tipo de problema de procedimiento, el proyecto de ley continuará su tramitación hasta ser aprobado en el Plenario», detalló el experto.
Esta semana, una mayoría de diputados aprobó el proyecto en primer debate; sin embargo, ahora será necesario esperar la respuesta de la Sala Constitucional para continuar con su proceso en el Plenario.
