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Proyecto de extraditar nacionales es “imposible”, según abogado penalista

by David Perez

Iniciativa forma parte del plan presentado por el presidente Rodrigo Chaves, en materia de seguridad ciudadana.

El Gobierno de la República presentó este miércoles su plan en materia de seguridad para disminuir la ola de criminalidad y homicidios en el país. 

Dentro de sus planes, presentaron seis ideas que se convertirían en proyectos de ley.

El primero tiene que ver con la extradición de costarricenses que cometan delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Estos serían enviados a los países donde cometieron los delitos para que allí sean juzgados. 

Para el abogado en derecho penal e informático, Julio Córdoba, esta medida es prácticamente imposible de ejecutarse.

“”La Constitución Política de Costa Rica establece que nadie puede ser compelido a salir del territorio nacional. En ese sentido, la propuesta tendría esa barrera con la Carta Magna. Se puede hacer poco con respecto a esto. La corriente dominante en la interpretación de la Carta Magna establece que hay una progresividad en materia de derechos humanos, es decir, que no retroceden. Aunque la propuesta tenga una buena intención, va a pegar con la Sala Constitucional o con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde mi punto de vista, es imposible cambiar esto en la Constitución, habría que hacer una Carta Magna nueva”, aseguró el especialista.

Córdoba también se refirió a otra de las propuestas presentadas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, sobre modernización de intervenciones telefónicas. 

Según lo señalado por el comunicado compartido por el Poder Ejecutivo, “en estos momentos no se pueden escuchar las conversaciones de los homicidas y violadores, entre otros”.

Por su parte, el abogado en derecho informático manifestó que es importante velar por las garantías de las personas investigadas.

“No me queda claro exactamente la profundidad de la idea de lo planteado por el señor presidente o su equipo de seguridad, sin embargo, lo más importante es que tenemos una legislación que ya permite las escuchas telefónicas y está en carácter vigente. La solicita el fiscal general y el juez es el encargado de autorizarla. Lo más importante aquí es que se haga siempre velando por el tema de las garantías que le toca proteger al juez”, agregó Córdoba.

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