La magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, fue convocada a audiencia ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público este lunes, dos días antes de la votación de su reelección.
La magistrada Patricia Solano catalogó su audiencia en la Asamblea Legislativa como “ilegal” y aseguró que presentará una denuncia por invasión a su privacidad.
La presidenta de la Sala Tercera fue convocada a audiencia ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público este lunes, dos días antes de la votación de su reelección.
La intención de los oficialistas era indagar sobre un crédito que la magistrada adquirió en el 2025 con la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) para la construcción de una vivienda en Parrita, por un monto de alrededor de 128 millones de colones.
Cuestionamientos de la magistrada Solano
En su intervención inicial, Solano señaló que su audiencia era ilegal y aseguró que presentará una denuncia.
“Si algún delito se ha cometido es de las personas que han hecho intromisión en mi vida privada, y de alguna manera esta Comisión, si bien es cierto tienen irresponsabilidad, lo cierto es que sí están orquestando actividades ilícitas, y yo presentaré la denuncia para que se investigue quién ha realizado esa intromisión, porque curiosamente vean que hasta un dron sobrevoló la propiedad que adquirí en Parrita”, relató.
La magistrada resaltó las funciones que tiene la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
Agregó que su crédito fue con una organización privada, razón por la cual queda por fuera del alcance de la comisión.
“Los promoventes de esta moción han impulsado una investigación que resulta abiertamente ilegal, por no ser parte de sus funciones; advierto dicho aspecto porque ustedes son conscientes de esta circunstancia y aún así han ordenado abrir una investigación sobre un crédito que he adquirido con un ente privado”, añadió.
Oposición vs oficialismo
Durante las consultas de los diputados, la oposición se inclinó por cuestionar la audiencia, y el oficialismo por criticar a la magistrada.
El diputado oficialista Antonio Barzuna defendió que el interés de la comisión se debe a recursos provenientes del Estado.
“El INS es del estado costarricense, si usted muere antes de los 96 años quien termina pagando el saldo de su crédito somos todos los costarricenses, al ser una aseguradora de los costarricenses la que asumió ese riesgo, la expectativa de vida es de 82 años de edad, usted tiene un crédito hasta los 96 años de edad”, expresó.
Los oficialistas también cuestionaron que el Poder Judicial dé aportes a la Asociación por una funcionaria que ya se encuentra pensionada, que es el caso de la magistrada Solano.
Por su parte, la liberacionista Norjelens Lobo calificó como un “gasto de tiempo” dedicar una audiencia a un crédito personal como el que tienen muchos costarricenses.
“Usted hace lo mismo que hace la inmensa mayoría de los costarricenses que quieren tener una casa, van a una entidad financiera, piden un préstamo, se lo dan, y usted empieza a pagar”, cuestionó.
