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¿Por qué puede pagar más por el bus o quedarse sin ruta? La caída de pasajeros presiona al transporte público

Fernanda Araya - 16 de noviembre de 2026
¿Por qué puede pagar más por el bus o quedarse sin ruta? La caída de pasajeros presiona al transporte público
  • Mientras las empresas advierten sobre sus dificultades financieras, los usuarios enfrentan el impacto en sus bolsillos y en sus posibilidades de movilizarse.

Una persona podría tener que pagar hasta un 350% más por un recorrido de autobús, mientras otra podría quedarse sin la ruta que utiliza para llegar al trabajo, estudiar o asistir a una cita médica. Ambos escenarios reflejan un problema que afecta al transporte público costarricense: la dificultad de mantener empresas y recorridos económicamente sostenibles sin comprometer el acceso de las comunidades al servicio.

Uno de los casos que evidencia el impacto en los usuarios es la propuesta de Transportes Fernando Zúñiga e Hijos para la ruta 217. La empresa solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) establecer una tarifa única de ₡720 para los distintos ramales que conectan San José, Belén, San Rafael y La Guácima.

De aprobarse, el pasaje entre Belén y Ojo de Agua, así como entre Belén y San Rafael, pasaría de ₡160 a ₡720. Esto representa ₡560 adicionales por viaje, es decir, un aumento del 350%.

Para una persona que utiliza el autobús dos veces al día durante 22 días al mes, el gasto pasaría de ₡7.040 a ₡31.680. La diferencia sería de ₡24.640 mensuales, sin contar otros desplazamientos.

La propuesta también contempla reducciones en algunos recorridos largos. Por ejemplo, el viaje entre San José y Guácima Abajo bajaría de ₡860 a ₡720. La empresa argumenta que el ajuste busca corregir un rezago tarifario y compensar los costos de operación.

Menos pasajeros, tarifas más altas

La presión sobre las tarifas no responde únicamente al precio del combustible o al mantenimiento de los autobuses. También influye la cantidad de personas que utilizan el servicio y pagan el pasaje.

Bernal Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Autobuseros (CANABUS), explicó que las empresas deben distribuir sus gastos entre los pasajeros que utilizan el sistema. Esos costos incluyen el pago de los autobuses y otros activos, alquileres, combustible y mantenimiento, además de una ganancia razonable regulada por ARESEP.

“En un escenario como el nuestro en donde no contamos con subsidios públicos a la operación, entonces pues básicamente lo que hacemos es que todo ese costeo del que estamos hablando se tiene que repartir proporcionalmente entre todos los pasajeros del sistema. Es decir, es sumar todos los costos y dividirlos entre la demanda de pasajeros”, explicó.

El problema aparece cuando disminuye la cantidad de usuarios que pagan el pasaje. Según Rodríguez, los datos recientes de ARESEP reflejan una reducción interanual de la demanda del 8,6%.

“Si la demanda se disminuye, pues claramente si el denominador es más pequeño y el numerador crece, el cociente, el resultado va a ir siendo cada vez más alto, es decir, tarifas cada vez mayores”, indicó.

El presidente de CANABUS sostuvo que los aumentos recientes también responden a esa reducción de pasajeros y no solamente al encarecimiento de los insumos.

“Y para que el servicio se mantenga pues habrá que cobrarle más a cada uno de los usuarios”, afirmó.

Esta situación puede convertirse en un círculo difícil de romper: si disminuyen los pasajeros, aumenta la presión sobre las tarifas; pero si viajar en autobús se vuelve más caro, también puede resultar más difícil para algunas personas mantener ese gasto dentro de su presupuesto.

Una ruta puede dejar de ser rentable, pero seguir siendo necesaria

La disminución de pasajeros también afecta la continuidad de los recorridos. En los últimos dos años, los concesionarios devolvieron 20 rutas, según datos del Consejo de Transporte Público (CTP). Rodríguez, por su parte, mencionó que más de 107 rutas han sido devueltas en un periodo más amplio.

El representante de CANABUS reconoció que la rentabilidad de una ruta no necesariamente coincide con la necesidad de transporte de una comunidad.

“Y si una ruta se devuelve es porque económicamente ya la empresa es inviable, pero no quiere decir que aunque sea inviable económicamente no quiere decir que la demanda social, es decir, la necesidad social del servicio no exista”, señaló.

Rodríguez recordó que las personas necesitan trasladarse a sus trabajos, los adultos mayores requieren movilizarse y las familias dependen del autobús para llevar a sus hijos a los centros educativos.

“Las personas necesitan transportarse, los adultos mayores están por todo el territorio nacional, las madres necesitan llevar a sus hijos a la escuela y al colegio. Es decir, la demanda social por el servicio existe, lo que no hay es demanda económica”, manifestó.

Esa diferencia ayuda a entender por qué una empresa puede considerar que un recorrido ya no es viable, aunque la comunidad continúe dependiendo de él.

El caso de Lared Ltda. refleja esa tensión. La empresa suspendió servicios en ramales de Barrio México, Barrio Escalante, Seminario y San Cayetano. En una respuesta a Noticias Columbia, explicó que la principal dificultad fue la “disminución sostenida de la demanda de usuarios que realizan el pago efectivo de la tarifa”.

La compañía también indicó que “una parte importante de los usuarios corresponde a personas adultas mayores que cuentan con el beneficio de exoneración del pago del pasaje”. Aunque dijo respetar ese derecho, sostuvo que la reducción de ingresos dificultó cubrir los gastos diarios de operación.

“Si la ruta contara con una cantidad suficiente de pasajeros que pagaran la tarifa, los ingresos permitirían cubrir los costos de operación y mantener el servicio”, indicó Lared.

Rodríguez también señaló que el beneficio de transporte gratuito para las personas adultas mayores representa un componente de solidaridad del sistema. Sin embargo, advirtió que, cuando disminuye la cantidad de pasajeros que pagan, algunas rutas quedan en una situación financiera más difícil.

¿Qué alternativas existen para mantener las rutas?

Para Erick Ulate, director ejecutivo de la Asociación de Consumidores Libres, la respuesta requiere una revisión integral del sistema y no únicamente de las tarifas.

Uno de los aspectos que considera necesario atender es el tiempo que las personas pasan en carretera. Los atrasos no solo afectan los horarios de los usuarios, sino que también elevan los costos de operación de las empresas por el consumo de combustible y el desgaste de las unidades.

“Primero, tiene que haber una parte operativa en el cual se maximicen los tiempos de viaje, ya que actualmente el aumento bastante grave en los tiempos de viaje no solo afecta los horarios de los usuarios, sino también el costo de brindar la actividad autobusera, tanto en repuestos como en este, combustible”, explicó Ulate.

El representante de Consumidores Libres también plantea una reforma legal que permita una mayor participación de las asociaciones de desarrollo comunal y las uniones cantonales en la atención de rutas abandonadas.

“También es necesario una reforma legal, consideramos necesario que sobre todo en el tema de rutas en abandono, pueda darse una mayor participación a las asociaciones de desarrollo comunal y las uniones cantonales de desarrollo comunal, de tal manera que puedan participar como oferentes del servicio agrupar rutas de tal manera que las mismas tengan un costo individual menor”, señaló.

Otra medida que considera necesaria es revisar la duración de las concesiones para que coincida o se acerque al tiempo de vida útil de los autobuses. Esto permitiría que las condiciones contractuales guarden mayor relación con las inversiones que deben realizar los operadores.

Ulate también propone revisar la estructura tarifaria para que no contemple únicamente los costos de las empresas, sino también la calidad del servicio que reciben los pasajeros.

“Es necesario revisar la estructura tarifaria de tal manera que no solo se vea el tema de costos, sino también la calidad del servicio que recibimos los usuarios”, afirmó.

El 2028 abre una oportunidad para revisar el sistema

La discusión también coloca responsabilidades sobre las instituciones que regulan y administran el transporte público.

El CTP debe atender la continuidad de las rutas cuando una empresa deja de prestar el servicio y determinar los mecanismos para que otro operador pueda asumirlas. ARESEP, por su parte, debe analizar las solicitudes tarifarias y valorar los costos que justifican los ajustes.

La discusión cobra relevancia de cara al 2028, cuando vencen las concesiones y permisos actuales. Rodríguez considera que ese proceso representa una oportunidad para actualizar las condiciones bajo las cuales operan las empresas.

“Para el 2028 todas las concesiones y permisos se vencen y asumimos que sería un buen momento para reactualizar las condiciones en las que los operadores recientemente dan el servicio de transporte”, indicó.

El representante de CANABUS también pidió que el problema se atienda como una política pública integral, debido a que la disminución de rutas no afecta únicamente a las comunidades rurales, sino también a sectores del área metropolitana.

Para los usuarios, el resultado de las decisiones que adopten las autoridades y los operadores se traduce en asuntos concretos: cuánto dinero deben destinar al transporte, cuánto tiempo necesitan para llegar a sus destinos y si tendrán una ruta disponible para hacerlo.

El reto consiste en encontrar mecanismos que permitan cubrir los costos de operación y mantener la inversión de las empresas, sin que las tarifas se conviertan en una barrera para viajar ni las comunidades pierdan el acceso a un servicio que necesitan.

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