El expediente conocido como «reaseguros del INS» se abrió en el año 2001 y el juicio comenzó este 1 de setiembre del 2025.
La mañana de este lunes, en los Tribunales de Goicoechea, inició el debate en el que figuran como imputados, el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez (en la foto junto a su abogado), el exjefe de reaseguros del INS, de apellido Acuña, el exjefe de seguros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de apellido Bonilla, así como dos hombres de apellidos Lara y Corrales que también laboraban en el ICE.
La causa también incluye al expresidente ejecutivo del INS, Cristóbal Zawadzki y una mujer de apellido Cordero (esposa de Acuña) quienes no pueden comparecer al juicio por razones de salud ya acreditadas por el Poder Judicial. Ambos fueron separados de la causa y su situación deberá resolverse en otro expediente.
Una de las personas investigadas, de apellido Montes de Oca (esposa de Zawadzki), falleció en el 2022.
El Poder Judicial informó que el expediente se refiere a supuestos pagos hechos por empresas del Reino Unido a funcionarios de la administración para ser las compañías reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Cuando una empresa de seguros vende pólizas, existe el riesgo de tener que pagar indemnizaciones muy grandes que podrían superar su capacidad financiera.
Para protegerse, esa aseguradora compra un reaseguro, de modo que transfiere parte de ese riesgo a otra empresa (el reasegurador), que la respalda en caso de siniestros muy costosos.
¿Por qué tantos años?
Con base en datos del Ministerio Público, a los que Noticias Columbia tuvo acceso de forma fidedigna, presentamos un resumen cronológico.
Se trata del expediente número 05-000002-621-PE, con la causa judicial denominada «Reaseguros o PWS». Estos hechos tienen su origen entre el año 1997 y el 2002. La primera denuncia se interpuso en el 2001; la segunda en el 2005. Al tener vinculación, ambas causas fueron acumuladas.
El primer expediente está relacionado con la presunta creación y manejo irregular de un fondo de capacitación y el segundo es sobre una póliza de reaseguro del ICE conocida como U-500.
La investigación fue calificada como «bastante compleja» por la cantidad de elementos probatorios que tuvieron que recabarse. Para este fin se realizaron allanamientos y otras diligencias, entre ellas levantamientos de secretos bancarios.
La documentación fue analizada posteriormente por investigadores y peritos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes rindieron peritajes e informes de sus resultados.
Aunado a lo anterior, se requirió prueba del extranjero, la cual se tuvo que solicitar cumpliendo con el procedimiento establecido. De esta manera, se obtuvieron evidencias de Londres, Panamá y Estados Unidos, lo cual implicó un trámite bastante extenso y la traducción de documentos al español.
Los hechos fueron acusados por parte del Ministerio Público en el 2013, doce años después de la primera denuncia.
En setiembre de ese año se realizó la audiencia preliminar para determinar si el asunto iba o no a juicio. Tras las audiencias se dictó un sobreseimiento definitivo, es decir, se ordenó cerrar el caso a favor de los imputados.
Esta resolución fue recurrida por parte del Ministerio Público. El Tribunal de Juicio declaró con lugar el recurso y se devolvió la causa al Juzgado Penal para realizarse nuevamente la audiencia preliminar.
La fiscalía reformuló la acusación a inicios del año 2015 y el auto de apertura a juicio se dictó el 11 de setiembre del 2017.
Posteriormente, se remitió la causa al Tribunal de juicio del Segundo Circuito Judicial de San José (Sede Goicoechea) donde se señaló por primera vez a debate en julio del 2019, sin embargo, se suspendió.
En el año 2022 la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo del expresidente Rodríguez en el cual se expuso que el caso llevaba más de 20 años en trámite judicial. Los magistrados condenaron al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
El último señalamiento a juicios se efectuó para inicios del presente año. Pese a lo anterior, ocurrieron una serie de suspensiones por parte del Tribunal de Juicio, de ahí que se fijó el comienzo del debate el 25 de agosto pasado. Ese día tuvieron que resolverse varias situaciones que impidieron la apertura del debate.
Fue este lunes 1 de setiembre del 2025 que el Tribunal dio la palabra a las fiscales Tatiana García Chaves y Johana Rodríguez Acosta para la lectura de la acusación. De esta forma, se tuvo por iniciado el juicio.
La Fiscalía alega que durante todo el proceso se han presentado distintas gestiones de los intervinientes que han sido resueltas tanto por el Juzgado Penal como el Tribunal de Juicio, además de traducciones de documentos, lo cual ha abonado en la duración de este caso.
Se desliga de cuestionamientos
El exmandatario rechazó los cargos y aseguró que no cometió ninguna anomalía o ilegalidad relacionada con los reaseguros del INS. Calificó el caso como «una novela» que tiene incoherencias y hechos que no si quiera le competen a él.
Rodríguez reprochó el tiempo que esta causa judicial ha tardado pues considera que lo ha sometido a una «pena de banquillo», es decir, lo ha mantenido sujeto al proceso por un plazo desproporcionado y violatorio, a todas luces, del principio de «justicia pronta y cumplida».
