- Las críticas surgieron luego de que el Ministerio de Justicia anunciara el fin del convenio con el Poder Judicial para realizar audiencias virtuales en los centros penales.
La decisión del ministerio de Justicia de poner fin al convenio para realizar audiencias virtuales en los centros penitenciarios generó preocupación en distintos sectores del Poder Judicial, cuyos representantes advierten que la medida provocará atrasos en los procesos, mayores costos operativos y una afectación en el acceso a la justicia.
El juez del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela, Mario Rodríguez, señaló que las audiencias virtuales han permitido agilizar la atención de miles de solicitudes sin necesidad de trasladar a las personas privadas de libertad a los tribunales.
Según explicó, en los últimos cinco años se han realizado más de 5.000 audiencias de libertad condicional mediante esta modalidad, lo que ha reducido gastos de transporte, alimentación y personal de custodia. También indicó que, en muchos casos, se trata de diligencias que duran apenas cinco o diez minutos, por lo que el traslado presencial implica un uso innecesario de recursos.
Desde la Defensa Pública, su director Juan Carlos Pérez afirmó que la decisión tendrá un impacto operativo y económico, ya que obligará a los defensores públicos a desplazarse hasta los centros penitenciarios para atender personalmente a sus representados.
Pérez advirtió que esos traslados incrementarán los gastos por combustible y viáticos, además de restar tiempo para atender otras audiencias y usuarios en los despachos judiciales. Agregó que esto podría traducirse en la suspensión de juicios y en un aumento de la mora judicial, especialmente en zonas alejadas del país.
Una posición similar expresó el fiscal adjunto de Ejecución de la Pena, Carlos Montenegro, quien aseguró que las audiencias virtuales agilizan la tramitación de los incidentes de ejecución de la pena y evitan los retrasos asociados al traslado de privados de libertad. También recordó que esos desplazamientos requieren la participación de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que representa una mayor carga operativa para la institución.
El ministerio de Justicia anunció el lunes que dará por terminado el convenio con el Poder Judicial para la realización de audiencias virtuales en las cárceles. Según el ministro Gabriel Aguilar, los policías penitenciarios que actualmente participan en estas diligencias serán reasignados para fortalecer la vigilancia y el control dentro de los centros penales.
La decisión del ministerio se dio tras la controversia por el traslado de la audiencia de alias «Diablo» a San José, situación que motivó cuestionamientos desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Sin embargo, un día después el fiscal general de la República, Carlo Díaz, explicó que ese traslado también respondió a la reunión que el imputado sostuvo con agentes de la DEA, además de las razones de seguridad que rodeaban el caso.
