Con los allanamientos de este martes y las confirmaciones del Ministerio Público la polémica por la reparación del Daniel Oduber pasó de tener 2 sospechosos a un total de 6 más incluido el Mandatario Rodrigo Chaves
El caso judicial que precede las acciones judiciales desarrolladas este martes por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y el Organismo de Investigación Judicial parten en específico del 12 de marzo del año 2024.
Fue mediante una conferencia de prensa convocada de emergencia que el presidente de la República anunció el despido de Luis Amador como jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes por su ligamen al proceso de contratación y reparación de la pista del Daniel Oduber.
En esa oportunidad Chaves anunció a Mauricio Batalla como el sustituto de Amador, e incluso pidió a Batalla destituir a Fernando Naranjo como director ejecutivo de Aviación Civil; figura que hoy también figura como imputado en el caso en cuestión.
Chaves confirmó en esa oportunidad que la inclusión de la reparación de la pista en el decreto de emergencia fue su expresa solicitud.
“El 20 de junio llamé al director general de aviación civil y a Luis Amador les pedí que elaboraran la justificación para incluir esa pista de aterrizaje en el decreto de emergencia por la tormenta Bonnie. Esa solicitud fue aprobada por la junta directiva de la Comisión Nacional de Emergencias. Hubo un plan de inversión como debe ser el 17 de agosto de 22 900 millones de colones que fue aprobada el 4 de septiembre por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencia. El 12 de octubre Aviación Civil por medio de su de su pronto ex director Fernando Naranjo y con el aval y firma del ministro Luis Amador enviaron los términos de referencia para la contratación de las obras”, relató a los medios Chaves en aquella oportunidad.
En una intervención posterior el 13 de marzo, Chaves defendió mantener a la empresa Meco como la que ejecutaría las obras.
“La ley nos obliga empecemos por ahí. Nosotros no le podemos decir a una empresa usted no participa, los términos de referencia se publicaron. Una vez publicados y pasados los procesos correspondientes, no hay un mecanismo legal para echarlo para atrás. Además, hay una consideración hiperpragmática. Ustedes saben que este gobierno no es un gobierno de ideólogos que habla sino que analizamos lo mejor para el país y lo hacemos. Si nosotros independientemente de las obligaciones legales echamos para atrás ese contrato, sí, nos ganamos 1000 millones de pesos, pero nos cierran el aeropuerto”, explicó el Mandatario.
En una conferencia de prensa celebrada por la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias el 14 de marzo, su presidente ejecutivo, Alejandro Picado defendió las actuaciones al afirmar que siempre estuvo apegado a derecho.
“Realmente, como lo explicó don Eduardo, todas las actuaciones y me permite también ver a los costarricenses a los ojos, las hicimos apegados a la legalidad. Confío plenamente en los equipos técnicos de la Comisión Nacional de Emergencias. Así que la responsabilidad que me encomendó el señor presidente la cumplí a cabalidad y apegado a la legalidad”, manifestó Picado ante una de las consultas de los medios de comunicación.
“Vea, la pista de emergencia había que intervenirla sí o sí. La primera vez que oí del caso del aeropuerto Daniel Oduber fue de parte de William Rodríguez, el ministro del ICT y del ministro Amador que me pidieron una reunión con carácter de urgencia, me dijeron ellos ahí, que la IATA, que es la Agencia Internacional de Seguridad del transporte aéreo iba a cerrar inmediatamente el aeropuerto de Daniel Oduber. Yo tuve conversaciones con Air France y otra aerolínea suiza Edelweiss que decían nosotros no vamos a aterrizar ahí porque no es seguro y ya esas dos aerolíneas y otras no aterrizan ahí. Entonces ellos vinieron y me dijeron la pista está mala vamos a cerrar”, justificó el Mandatario.
Chaves volvería a referirse al mismo tema el 10 de abril del año 2024 cuando afirmó que la intervención de la pista era algo de urgencia y extrema necesidad.
La Fiscalía ya tenía como imputados en esta causa al ex ministro Amador, al ex director general de Aviación Civil Fernando Naranjo, y con las actuaciones de este martes incorpora a otras cuatro personas en el expediente hoy detenidas además de la ex ministra de la presidencia Natalia Díaz.
