Juristas insisten en que el proceso debe ser abierto, con igualdad de condiciones y menor peso de criterios políticos.
Los costarricenses llevan más de diez años calificando de forma negativa al Poder Judicial. Así lo revela la recopilación de encuestas del CIEP de la UCR durante este periodo.
La coordinadora de Investigación del Estado de la Justicia, Evelyn Villareal, asegura que esa percepción también recae en la Asamblea Legislativa.
Villareal explica que el proceso de selección de magistrados no es uniforme y depende del criterio de cada diputado en la Comisión de Nombramientos.
“Está diseñado para premiar o castigar afinidades políticas. El proceso de selección tiene una nota de 1 a 100: 45 puntos corresponden a atestados académicos, experiencia laboral y publicaciones, es decir, un puntaje objetivo. Pero 55 puntos dependen de la entrevista que realiza la Comisión, la cual no es estructurada. Puede durar tres horas o apenas unos minutos, incluso sin hacer preguntas. En la práctica, los diputados tienen discrecionalidad total. Hemos visto casos en que candidatos excelentes reciben calificación cero en la entrevista, lo que reduce drásticamente la nota global. Eso se utiliza para premiar o castigar según la afinidad política”, señaló.
El abogado Esteban Alfaro afirma que el proceso de selección de magistrados debe ser mucho más claro para todas las partes involucradas.
“El proceso debe ser más abierto, transparente y sustentado en la seguridad jurídica. Los candidatos deben saber qué se les preguntará, cómo y cuándo, y tener igualdad de condiciones. Es un tema de publicidad y de reglas claras, para que los aspirantes sepan a qué atenerse. Claro, no podemos olvidar que al final se trata de un proceso político, como ocurre en Costa Rica y en otros países. Lo importante es que exista una estructuración adecuada de reglas”, indicó.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Fiscales, Ronald Segura, considera que el periodo constitucional en que los magistrados permanecen en el cargo debería reformarse.
“La reforma más importante sería limitarlo a un único periodo de ocho años. Parte de la desconfianza ciudadana proviene de que la reelección se asocia con corrupción. Para mantenerse en el cargo, los magistrados terminan buscando favores políticos. Incluso hemos visto entrevistas de magistrados que solicitan apoyo a diputados porque votaron a favor de sus proyectos. Cada vez que hay reelección, hay corrupción. Ocho años es el periodo más largo que puede estar un presidente de Estados Unidos, y con eso se garantizaría que un magistrado no deba negociar favores para reelegirse”, señaló.
Villareal discrepa de este planteamiento y subraya que la estabilidad en el cargo es fundamental para garantizar la independencia judicial.
“La estabilidad es lo que da independencia a jueces y juezas. Si cada ocho años tuvieran que salir a buscar trabajo, se convertiría en una pasantía cara para el Estado y con riesgos de conflictos de interés. En los tribunales, la estabilidad permanente ha permitido que jueces dicten sentencias, aunque incomoden al poder político. Esa misma estabilidad debe existir en la Corte, para que los magistrados no dependan de quién los escogió ni tengan que hacer campaña para reelegirse”, explicó.
Villareal sí respalda la idea de establecer una edad de retiro obligatorio, como mecanismo de renovación.
“Estoy de acuerdo en que debería fijarse una edad máxima de retiro, por ejemplo, a los 65 años, para dar paso a nuevas generaciones. Lo que no apoyo es limitar el tiempo de forma tan corta, porque eso podría afectar la independencia y generar incertidumbre laboral”, puntualizó.
Finalmente, Alfaro advierte que cualquier reforma debe analizarse a la luz de convenios internacionales.
“Son decisiones políticas que no están escritas en piedra, pero deben revisarse bajo estándares internacionales. Hay que cuidar que no se pierda la experiencia de magistrados mayores de 65 años, lo cual no necesariamente implica un mal funcionamiento del Poder Judicial. ¿Se pueden modificar las reglas? Sí. ¿Pueden ser beneficiosas? También”, concluyó.
