«Estos chicos tienen que estar en lugares diferentes. El Patronato no puede tener albergues con policías y barrotes», afirmó la jerarca Kennly Garza.
La atención de menores de edad con conductas agresivas o que consumen drogas, está poniendo a prueba al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
La institución dispone de albergues o coordina las opciones de cuido temporal y protección a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
El pasado 26 de agosto, el PANI reportó un «incidente de violencia y vandalismo por parte de cinco adolescentes varones» en Aldeas Infantiles SOS de Santa Ana el cual fue controlado por personal especializado y policías.
Tras la situación, la entidad pidió que se «dimensione la complejidad de la atención de población con estas características».
El planteamiento es que las autoridades judiciales analicen el posible dictado de otras medidas. Noticias Columbia consultó a la presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza sobre esta posición.
En primer lugar destacó que si una persona menor de edad está en un albergue es «por una razón de peso, grave, que haya atentado contra sus derechos, su salud mental y desarrollo pleno». Independientemente de la conducta, se trata de población vulnerable, con conflictos familiares o a quienes se les ha negado el cariño.
Garza indicó que, en estos casos, niños, niñas o adolescentes deben ser protegidos en albergues porque los padres no están ejerciendo su labor de cuido, supervisión y establecimiento de límites. Incluso, es en ese entorno familiar donde viven violencia o ven ejemplos de consumo de drogas.
«Encontramos personas, niños y adolescentes muy maltratados, muy traumatizados pero también que han aprendido conductas desadaptativas, complicadas, conflictivas o incluso delincuenciales, de ahí que muchos vengan con una orden judicial», dijo.
Garza comentó que el PANI tiene el deber de atenderlos de la misma forma que a otros que no tienen comportamientos violentos, por ende, hay convivencia.
«El costarricense va a decir: ‘¿cómo los meten en los mismos albergues?’. Es que estos chicos que tienen conductas violentas tienen que estar en lugares diferentes. El Patronato no puede tener albergues con policías, con esposas, con barrotes; no puede generar castigo, encierro o una privación de libertad», añadió.
La jerarca del PANI dijo que hay menores cuyo comportamiento sobrepasa los «frágiles controles» de los albergues y se pone en riesgo a otros.
El problema es que son conductas que afectan el albergue pero no necesariamente constituyen delitos que ameriten una detención provisional en centro penal. En ese escenario no existe una alternativa de contención «intermedia», entre un albergue y una cárcel de menores.
Escuche aquí la declaración completa:
Reforma integral
Noticias Columbia conversó con la magistrada suplente Marianela Corrales quien tiene mucha experiencia en asuntos de materia penal juvenil.
La jueza hizo énfasis en que los menores que causan conflictos en los albergues están ahí porque son víctimas de situaciones que vulneran sus derechos, por ejemplo el abandono o la violencia intrafamiliar.
«Cuando, por ejemplo, tenemos un caso de violencia doméstica y hay una situación de crisis de ese muchacho con su familia, ese muchacho no puede quedar en calle, es una persona menor de edad. Hay que ubicarlo en algún lugar y esa protección le corresponde al Patronato Nacional de la Infancia y sus alternativas», afirmó.
La magistrada afirmó que entiende la complejidad de atender estas situaciones, la falta de recursos para hacerles frente y la falta de una «opción intermedia» para ubicar a población con conductas disruptivas o sin límites.
Corrales piensa que es posible que se requiera una reforma integral modelos de los modelos de protección. Eso incluye revisar cuáles reglas hay y qué tipo de personal técnico trabaja.
«Solo habitación, comida y llevarles al colegio podría no ser suficiente», expresó.
La jueza es partidaria de que en los albergues impere la disciplina como se haría en una familia que está dando una crianza adecuada a los hijos.
Recordó que la detención provisional o el internamiento en un centro penal están reservados para los casos donde medió la comisión de un delito.
Manuel Abarca, asesor de desarrollo de programas, en Aldeas Infantiles SOS, comentó que la situación del 26 de agosto dejó «daños mínimos» en las instalaciones y que no hubo personas lesionadas.
«Agradecemos la anuencia y confianza que tienen en nuestros programas y agradecemos a la población que nos han brindado su apoyo, comprendiendo que situaciones como estas no deberían suceder en ningún programa de cuido alternativo pero que hay ocasiones en donde las necesidades de atención específicas que tienen algunas personas menores de edad incurren en el riesgo de que haya este tipo de situaciones», resaltó.
Escuche aquí la entrevista completa:
