Fundación Hogar Manos Abiertas fue intervenida en 2024 y el Estado asumió el cuido de menores con discapacidad o enfermedades. El monto lo informó la presidenta ejecutiva en entrevista con Columbia.
Han pasado dos años y un mes desde que el OIJ y varias instituciones estatales allanaron las sedes de la Fundación como parte de las investigaciones por presuntos hechos de malversación de fondos, maltratos y explotación laboral, entre otros.
En Alajuela, la organización atendía a 70 menores de edad en condición de vulnerabilidad (como declaratorias de abandono), con enfermedades o discapacidades.
La Fiscalía atribuye que varias mujeres a cargo de la Fundación se hacían pasar por monjas para sacar provecho económico; situación que las imputadas rechazaron a través de sus defensores.
Desde los operativos del 5 de marzo del 2024, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) asumió la operación del albergue en Alajuela que se sustenta en una medida cautelar atípica.
La presidenta ejecutiva Kennly Garza explicó que en el país no existe un sitio que reúna las condiciones para el traslado de los menores. Se trata de beneficiarios que requieren atención pero no internamiento hospitalario.
El PANI adjudicó de emergencia los servicios a un tercero. El manejo del centro implica ¢2.000 millones anuales aproximadamente, dijo Garza. La suma es mayor a la que se entregaba cuando solo había un subsidio para la Fundación.
Actualmente, en el albergue hay 53 personas menores de edad. La disminución se debe a que varias fueron reubicadas con familiares o adoptadas.
A esto se suman 13 fallecimientos en estos dos años, debido a las condiciones de salud que tenían los pacientes.
Escuche aquí la entrevista completa:
Estado del caso
Ante una consulta de este medio, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) informó que la causa 23-00001-1869-PE «se encuentra en investigación; actualmente, el despacho está a la espera de obtener el resultado de informes policiales de pericias solicitadas al Organismo de Investigación Judicial».
Las imputadas, de apellidos Rodríguez, Hidalgo, Villalobos y Quirós, cumplen las medidas cautelares de «firmar periódicamente, mantener domicilio y trabajo fijos, no acercarse a víctimas, testigos, ni a la Fundación Hogar Manos Abiertas sede Alajuela».
«Adicionalmente, en contra de estas pesa una medida de congelamiento de productos financieros», detalló el Ministerio Público.
Alegan confiscación
El abogado de la Fundación Hogar Manos Abiertas y de tres investigadas, Jorge Rojas Fonseca, conversó con Noticias Columbia sobre este caso.
Afirmó que les sorprende la lentitud del proceso y que, dos años después, la Fiscalía sigue poniendo de excusa que falta un informe del OIJ de índole financiero. Aseguró que han ofrecido mucha prueba para contrarrestar los señalamientos que se hace contra las encargadas de la Fundación.
El defensor indicó que se solicitó un cese o cancelación de las medidas cautelares puesto que las prórrogas no se han apegado a la legalidad. Se está a la espera del resultado de una audiencia que se tenía prevista para este jueves.
Además, la organización alega que se ha dado una violación de derechos y una confiscación de sus instalaciones en Alajuela.
Escuche aquí las declaraciones completas:
El abogado expresó que las imputadas formaban parte de una asociación de fieles, reconocida por la Iglesia Católica, con miras a convertirse en una congregación y que por eso les llamaban hermanas. Negó que se hicieran pasar por monjas como indica la Fiscalía.
