Escuche aquí dos entrevistas con el abogado Carlos Tiffer y las representantes de la organización DNI Costa Rica. Imagen con fines ilustrativos.
El pasado 1 de julio, la presidenta de la República, Laura Fernández, expresó su intención de que los ministerios de Educación y Justicia coordinen visitas de estudiantes a la cárcel de máxima seguridad, una vez que finalice su construcción y entre en funcionamiento.
“(…) ojalá podamos hacer algunas giras de centros educativos de barrios peligrosos del país, donde hay chiquillos jugándosela, donde hay muchachos que creen que delinquir puede ser su estilo de vida», expresó.
«Hagamos unas visitas don Gabriel (Aguilar, ministro de Justicia) para que los jóvenes de Costa Rica que se están animando a meterse en lo que ya sabemos, los va a llevar a vestir ese uniforme, pongan las barbas en remojo. Estamos a tiempo de que no vayan a la cárcel de máxima contención», añadió.
La nueva directora de Adaptación Social, Lucrecia Tejada Cordoncillo, confirmó que, más que una idea, se trata de un proyecto que está en marcha. “Estamos en ese proceso” dijo.
Este planteamiento ha causado reacciones negativas de organizaciones como el Colegio de Profesionales en Criminología y la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).
En Noticias Columbia consultamos a Carlos Tiffer, profesor de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), uno de los redactores del proyecto de la actual ley de Justicia Penal Juvenil.
El abogado afirmó que la idea de la presidenta descansa en “una creencia popular falsa”.
“(…) que consiste básicamente en (que) conocer la dureza de la cárcel puede servir a lo que podríamos llamar como una medida disuasoria de las personas, en este caso de los niños o los adolescentes para el involucramiento o comisión de los delitos”, indicó.
Tiffer aseveró que la premisa es falsa porque los menores que viven en localidades vulnerables o de riesgo lamentablemente ya conviven con esa realidad.
El especialista cree que la experiencia no generaría ningún tipo de efecto preventivo.
“Creo que esa idea generaría una experiencia que para mí no tienen ningún fin de carácter pedagógico, es decir, exponer a los niños o a los jóvenes a un centro penal o ante reclusos más bien los pone en una condición de peligro”, agregó.
Tiffer considera que al decir que se incluiría a centros educativos de “barrios peligrosos” se ocasiona una “estigmatización” y criminalización de la condición de vulnerabilidad y pobreza en lugar de abordar las causas estructurales de la delincuencia.
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A través de dos de sus representantes, la organización Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI Costa Rica), también externó su preocupación por la posibilidad de que se concreten las visitas de estudiantes a la cárcel de máxima seguridad.
La presidenta de la ONG, Virginia Murillo, expresó que se está dando un mensaje de que solo entre las poblaciones en contextos de marginación, exclusión y pobreza o en barrios menos favorecidos es donde surge la violencia y la posibilidad de estar vinculado al crimen.
“La realidad es que el crimen organizado y tema del acceso o la posibilidad de estar afectado por la droga o el consumo, eso está en cualquier estrato social; está metido por todo lado. Cae en un discurso de estigmatizar un grupo de población”, resaltó.
Murillo cree se está dando un manejo desde la perspectiva de los adultos (sic)” que es alarmista y tiene como fin asustar a los menores sin que esto necesariamente logre los cambios que se proponen.
La presidenta de DNI espera que la mandataria tenga una propuesta más robusta para la prevención de conductas delictivas en menores de edad.
Además, espera que la mandataria convoque a las instituciones que atienden a esta población para construir una respuesta sólida a este problema.
La vicepresidenta de DNI, Shirley Duarte, afirmó que debe analizarse si exponer a estudiantes al entorno de la prisión sería algo eficaz o no.
“Si el objetivo es prevenir, ¿es realmente una visita a una cárcel un medio de prevención? En nuestro criterio no lo es. No tiene las características propias de un proceso preventivo que es atacar las situaciones estructurales por las cuales una persona menor de edad podría llegar a delinquir”, destacó.
Duarte considera que es necesario enfocarse en temas relacionados con educación, exclusión educativa, pobreza y violencia
“Creemos que hay un tono populista, un tono estigmatizante en las barriadas. Policialmente llaman a ciertas zonas ‘rojas’ o ‘calientes’… supongo yo que están pensando en esas zonas porque habla de ‘barrios peligrosos’. Eso significa que todas las personas que están ahí eventualmente pueden ser delincuentes y las personas menores de edad que están ahí, hay que llevarlas para que vean cuál es su destino final. Eso no es lo correcto, ahí no se hace prevención”, subrayó.
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