La iniciativa, del diputado del Frente Amplio Antonio Ortega y con criterios en contra de algunos sectores religiosos, superó una etapa legislativa este jueves.
La Comisión Legislativa de Derechos Humanos dictaminó afirmativamente y por unanimidad el proyecto contra el silencio en delitos sexuales, que causó controversia entre los sectores religiosos.
La iniciativa, del diputado del Frente Amplio Antonio Ortega, se denomina proyecto “contra el silencio en delitos sexuales en perjuicio de la niñez y personas con discapacidad; responsabilidad civil solidaria, deber de denuncia y garantía de cumplimiento de protocolos de investigación” (exp. 23.928).
En su versión inicial, buscaba establecer la responsabilidad y el pago de daños y perjuicios a aquellas organizaciones y asociaciones comunitarias, deportivas, religiosas y sociales que comentan un delito sexual contra un menor de edad o una persona con discapacidad, aprovechándose de su condición religiosa o de poder.
También se pretendía castigar a aquellos que encubran estos delitos, y permitir el levantamiento del secreto de confesión de los ministros religiosos cuando el interesado les exima de ese deber.
Por este motivo, la iniciativa contó con el apoyo de diferentes diputaciones, aunque la Iglesia Católica y la bancada de Nueva República mantuvieron sus reservas por la propuesta de romper el secreto de confesión en caso de conocer la comisión de estos delitos.
Sin embargo, el texto tuvo algunos cambios, según comentó el jefe de la bancada frenteamplista, Antonio Ortega, quien celebró el avance de la iniciativa.
“esta iniciativa no solo contó con el apoyo unánime de todas las fracciones que formamos parte de esta Comisión, sino que se logró un texto de consenso, donde más del 80% del texto original se mantiene, es decir, lo referente a los protocolos y lo referente a la responsabilidad civil solidaria que exigirá que aquella organización religiosa, deportiva, asociativa, etcétera, que se demuestre que fue cómplice, que ocultó o facilitó los hechos de abuso, tengan también responsabilidades ante las víctimas; lo referente al tema del secreto de confesión fue excluido con el objetivo de que pudiera avanzar el resto de la iniciativa, que nos parece que no solo es vanguardista en materia de derechos humanos para todas estas personas, sino que va a dar una mayor cobertura y protección a las personas más vulnerables”, explicó.
Una de las fracciones opuestas fue la de Nueva República, pero el cambio realizado al texto les hizo cambiar de opinión.
El diputado Fabricio Alvarado explicó que fue a través de una moción que se eliminó el sigilo sacramental o secreto de confesión del texto.
“En este caso se pretendía incluir el sacramento de la reconciliación, el sigilo sacramental de la Iglesia Católica, que está protegido por Derecho Canónico y que, como hemos explicado ampliamente y se explicó en la comisión y se explicó en redes sociales y en medios de comunicación, los sacerdotes no le preguntan el nombre a la persona que confiesan, no conocen en la mayoría de los casos a las personas que confiesan y por lo tanto pues no tienen la información necesariamente de quién fue el que les confesó, si es que se dio el caso, un delito de este tipo; además, según el Derecho Canónico, si un sacerdote viola el secreto de confesión debe ser excomulgado, así que esto nos lleva a un escenario de protección de la libertad religiosa que si lo dejábamos pasar perfectamente iba a ser el portillo para que después vinieran ataques contra otras confesiones religiosas; no se trata de exonerar ni cubrir ni proteger y menos cubrir un delito, sino más bien de ser consecuentes con la lucha por la libertad religiosa, lo cual no provocará ninguna afectación a las investigaciones judiciales sobre estos temas”, comentó.
Desde la Iglesia Católica también se celebró el dictamen de la iniciativa sin intervención al secreto de confesión.
El padre Ricardo Cerdas, abogado de la Conferencia Episcopal (CECOR), señaló que el texto sustitutivo aprobado protege ese instituto religioso.
“El tema que implicaba este proyecto de ley, y que fue discutido en su momento, era que se salvaguardara la intimidad y la privacidad total del secreto de confesión, y gracias a una moción que implicó modificar el texto se logró salvaguardar este derecho de nosotros los sacerdotes y de los clérigos y por supuesto de todos ustedes los fieles, por eso, aparte de que es una confirmación de la lucha que se tiene en cuanto a la prevención y las implicaciones de responsabilidad de los abusos sexuales, también es una salvaguardia de la libertad religiosa del pueblo de Costa Rica”, manifestó.
