El jerarca de Educación se pronunció sobre el aumento de alertas en centros educativos debido a mensajes anónimos o llamadas que advierten de presuntas intenciones de tiroteos o uso de explosivos.
Los últimos dos meses se han caracterizado por las constantes alertas debido a amenazas o posibles situaciones de riesgo en centros educativos del país.
Este miércoles, el Colegio Ingeniero Alejandro Quesada en La Unión de Cartago envió a los estudiantes a sus hogares luego de recibir «una aparente amenaza de tiroteo». La administración, en conjunto con la Fuerza Pública, concluyó que no hay riesgo para los estudiantes o el personal, según una comunicación oficial de la institución.
El Colegio de San Luis Gonzaga en Cartago, también tuvo suspensión de lecciones este 13 de abril por una amenaza de tiroteo que fue escrita en un baño del plantel sur. De inmediato se coordinó con la Policía para resguardar los alrededores y vigilar la salida de los estudiantes. Además, se envió una comunicación a los padres de familia.
El director del centro educativo, Mario González Matamoros, explicó que hubo una revisión de las instalaciones y no se identificaron situaciones de riesgo. Las lecciones volverán este jueves 14 de mayo.
El pasado lunes, el Colegio Técnico Profesional de Mercedes Norte informó que tuvo que activar el protocolo de seguridad el cual incluyó el apoyo de la Fuerza Pública para la revisión de la infraestructura y los bultos de los estudiantes. Se descartó la presencia de armas.
Ese día, en Puriscal, la Fuerza Pública, el OIJ y la Cruz Roja atendieron un incidente para descartar la presencia de explosivos en las cercanías del Colegio Técnico Profesional de la zona.
Pero estos no son hechos aislados. Entre marzo y mayo, se han dado alertas por amenazas de tiroteos en Alajuela, Escazú, Santa Ana, Siquirres, San Isidro de Heredia, Belén y Florencia de San Carlos, entre otras localidades.
Las autoridades judiciales y del Ministerio de Educación Pública (MEP) investigan los casos y, de hallarse a la persona presuntamente responsable, se abren los procesos penales y administrativos correspondientes.
Noticias Columbia consultó al ministro, Leonardo Sánchez, sobre estas situaciones. Le pedimos explicar cómo se abordan, cuáles son los protocolos y las posibles consecuencias si se determina que un estudiante está detrás de los mensajes intimidantes.
Sánchez envió amplias declaraciones a través del departamento de prensa del MEP.
«Primero quiero enviar un mensaje de tranquilidad a las familias costarricenses. Nuestros centros educativos continúan siendo espacios seguros de aprendizaje, convivencia y formación. Pero también sería irresponsable ignorar que hoy existen nuevas amenazas vinculadas principalmente a redes sociales, mensajes anónimos y fenómenos de violencia que deben atenderse con absoluta seriedad», dijo.
«Aquí hay algo fundamental. Toda amenaza se toma en serio, aunque posteriormente resulte falsa, jamás se minimiza. Durante este año 2026 hemos experimentado un incremento en los reportes asociados a amenazas de tiroteo respecto a años anteriores, alcanzando cerca de 60 casos reportados. Aunque ninguna de estas situaciones se ha concretado en una expresión real de violencia, en el MEP no las minimizamos ni las normalizamos», añadió.
«Cada caso se atiende con absoluta seriedad, activando de inmediato los protocolos institucionales y la coordinación con fuerza pública OIJ 9-1-1 y las autoridades correspondientes. En el MEP ninguna amenaza se normaliza, ninguna amenaza se ignora y ninguna amenaza se toma como una broma», resaltó.
El ministro recordó que si se llegara a identificar que un estudiante ha realizado las amenazas de este tipo, se está ante faltas muy graves que pueden implicar medidas precautorias inmediatas, aplicación del reglamento de evaluación de los aprendizajes y de la conducta, así como denuncia ante la Fiscalía Penal Juvenil cuando corresponda.
Protocolo
En su explicación, Sánchez dijo que MEP fortaleció y actualizó el protocolo nacional para abordaje de amenazas y eventos críticos en centros educativos. Incluye la coordinación con la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial, el servicio 9-1-1 y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). El documento establece pautas para antes, durante y después de las alertas.
«Entre los principales cambios están mayor articulación con Fuerza Pública OIJ y 911, simulacros obligatorios en centros educativos, fortalecimiento de protocolos de ingreso y permanencia de personas ajenas al centro educativo, posibilidad de revisión de bolsos y bultos bajo sospecha razonable, protocolos específicos para amenazas por redes sociales, WhatsApp o grafitis y activación más rápida de medidas preventivas y denuncias», aseveró el jerarca.
Llamado
Sánchez comentó que la prevención de la violencia no comienza reaccionando a una crisis sino mucho antes. «Ningún estudiante desarrolla conductas violentas de un día para otro», señaló.
El MEP pide atención a las señales de alerta, procesos emocionales, factores familiares, sociales, comunitarios y digitales que requieren acompañamiento y atención temprana. Con ese fin existe una estrategia integral de prevención basada en convivencia, salud, socioemocional, deporte, arte, liderazgo estudiantil, orientación y cultura de paz.
«Hoy más de 3.600 centros educativos implementan planes de convivencia y más de 3.800 cuentan con un comité convivir que desarrollan proyectos de valores, prevención y participación estudiantil. También fortalecemos programas de orientación, acompañamiento emocional, prevención de bullying, violencia digital y herramientas tecnológicas como Segured para la gestión del riesgo y la protección de las comunidades educativas», alegó.
«Y finalmente hacemos un llamado muy respetuoso, pero muy firme a las familias. La educación en valores, el respeto, los límites, la supervisión de redes sociales y el acompañamiento emocional de los hijos no puede recaer únicamente sobre la escuela. La prevención de la violencia es una responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el sistema educativo. La prevención salvavidas y la seguridad de nuestros estudiantes no se improvisa», concluyó.
