Minae dice aceptar proyecto de cargadores que no está convocado

Ente rector del sector energético nacional se desliga así de las afirmaciones del intendente de energía; Mario Mora de que un decreto previsto en la ley de movilidad eléctrica responsabiliza al ministerio por vigilar las instalaciones de carga rápida.

Ministro dice apoyar proyecto de ley presentado por la legisladora independiente Kattia Cambronero. pero iniciativa no aparece en la convocatoria del Ejecutivo para las sesiones extraordinarias.

Tras la queja presentada por la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica sobre fallos en la infraestructura de carga en el país, distintas instituciones y voces del sector salieron al paso para defender o aclarar el estado actual del sistema.

El presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, aseguró que solo cinco cargadores de su red nacional presentan problemas, y negó que exista desfinanciamiento para su mantenimiento. No obstante, reconoció que el actual modelo de cobro requiere cambios urgentes para sostener el servicio de forma eficiente.

“Estamos instalando nuevos cargadores: sustituiremos los cinco que han fallado y con este proyecto llegaremos a 73 equipos. Confío en tenerlos operativos a finales de año o inicios del siguiente. La tarifa que se cobra debe cubrir el costo del cargador y su mantenimiento; por eso solicitamos a ARESEP revisarla. No hablamos de aumentarla sin control, sino de asegurar la sostenibilidad de un servicio que crece más rápido de lo previsto. Costa Rica ya es el país número uno en América Latina en electrificación per cápita del transporte privado, y esa demanda supera la capacidad instalada”, afirmó Acuña.

Por su parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) indicó que el mantenimiento de los equipos recae, por decreto, en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Sin embargo, el ministro Franz Tattenbach rechazó esa interpretación legal y más bien expresó su respaldo a una iniciativa que permitiría mayor participación de actores privados en la instalación de cargadores.

“La infraestructura pública llegó a su límite; la solución es abrir el mercado a la inversión privada. El proyecto de ley permite que cualquier empresa instale sus propios cargadores bajo regulación. El MINAE no puede ir más allá de lo que dicta el decreto vigente; la vía correcta es la reforma legal que ya está sobre la mesa”, sostuvo Tattenbach.

Esa iniciativa legislativa fue propuesta por la diputada independiente Kattia Cambronero, quien lamentó que el Poder Ejecutivo aún no la haya convocado, pese a la insistencia desde su despacho.

“Hemos insistido al Poder Ejecutivo—primero al ministro de la Presidencia y ahora al viceministro—para que convoque el proyecto que autoriza a los privados a invertir en estaciones de recarga. La respuesta ha sido negativa y, con la agenda de sesiones 4‑3, será casi imposible discutirlo pronto”, explicó Cambronero.

Mientras continúan las discusiones en torno a la responsabilidad institucional y el desarrollo normativo, el sector privado también avanza. Esta semana, la empresa Super Baterías inauguró dos nuevos centros especializados en movilidad eléctrica, diseñados para atender la creciente demanda del parque vehicular eléctrico.

“Nuestros clientes llevan años pidiendo servicios para vehículos eléctricos. Muchos llegan porque el auto ‘no enciende’ y el problema es la batería de 12 voltios. Por eso abrimos estos centros especializados, adquirimos escáneres específicos y ahora podemos diagnosticar y reemplazar componentes cuando sea necesario”, detalló Ricardo Céspedes, director comercial de la empresa.

Actualmente, Costa Rica lidera la región en inscripciones de vehículos eléctricos, con más de 27 mil unidades circulando en todo el territorio nacional.