Según información de la Defensoría de los Habitantes, la mayoría de estos son venezolanos que no mantuvieron su travesía hacia Estados Unidos.
Más de 14.000 personas han realizado un viaje de regreso desde Estados Unidos y México hacia sus países en Sudamérica, durante los primeros ocho meses del 2025, al mismo tiempo que ha disminuido la cantidad de personas que buscan llegar al norte del continente, principalmente por las políticas de la administración Trump.
Por este motivo, los respectivos entes de defensa de los habitantes de Costa Rica, Panamá y Colombia realizaron una evaluación sobre las dificultades que enfrentan estos migrantes en la vuelta a sus hogares, en un fenómeno que se conoce como ‘migración inversa’.
Según datos del trabajo realizado por las instituciones, cerca de la mitad de quienes emprendieron el camino de regreso lo hicieron por la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos, mientras que un 34% desistieron por falta de recursos.
El defensor adjunto de la Defensoría de los Habitantes, Juan Carlos Pereira, indicó que un 97% de los migrantes que entrevistaron son venezolanos y destacó la labor realizada para garantizar un paso seguro por Costa Rica.
«A partir de esas consultas que logramos realizar, también coordinamos con las autoridades migratorias costarricenses, quienes nos indicaron que por el CATEM Sur, que es un centro de atención temporal para personas migrantes ubicado en la frontera sur de Costa Rica, el reporte que teníamos de las autoridades migratorias es que habían registrado a 1.480 personas que fueron atendidas. Sin embargo, eso contrasta con datos que tienen nuestros colegas de Panamá y de Colombia, de que ese flujo migratorio inverso de personas que han estado transitando por ese mismo periodo en ese territorio es muchísimo mayor. Uno de los hallazgos que logramos identificar a partir de estas visitas se refieren al funcionamiento de este centro de atención temporal de personas migrantes y tiene que ver, entre otras cosas, con la poca información que se le brinda a las personas migrantes por parte de las autoridades costarricenses sobre los mecanismos de protección internacional a los que tienen acceso en Costa Rica. Esa es una debilidad que nosotros estamos identificando y que estamos advirtiendo también a las autoridades estatales, que son aspectos por mejorar, de manera que se pueda garantizar el disfrute de todos los derechos de las personas que transitan por Costa Rica de forma temporal», mencionó Pereira.
Consultado por Noticias Columbia, el director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla, señaló que la forma empleada por los migrantes para regresar a sus países ha cambiado.
«El retorno de personas del flujo a la inversa, en esta ocasión, ha sido poco exitoso en comparación con el flujo que subía hacia el norte. Esto es porque las personas no cumplen los requisitos para ingresar a Panamá o bien, por temas logísticos, el retorno les sale más costoso, por lo que prefieren regresar por sus propios medios y esto pondría en muchos de los casos invisible a las autoridades. Es importante indicar que la Policía Profesional de Migración cuenta con área de análisis e investigación que se encarga de dar seguimiento a estos flujos con respecto a evitar las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes», detalló el director de Migración.
Por su parte, la diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Monserrat Ruiz, ve con preocupación la vulnerabilidad que tienen las personas que realizan el recorrido de vuelta a sus países.
Además, recordó que desde el órgano legislativo ya han emitido recomendaciones al Gobierno para brindar mejor atención a estos migrantes.
«La migración no es un delito, es una realidad social y humana que debe atenderse con mucha responsabilidad. Desde hace ya bastante tiempo, hemos señalado que este movimiento de retorno era esperable, producto del cambio en las políticas migratorias de los Estados Unidos. Hoy, Costa Rica no puede darle la espalda a quienes buscan protección porque también somos un país de derechos y de solidaridad. Por eso, hacemos un llamado al Gobierno para que garantice condiciones humanitarias mínimas y fortalezca la coordinación con los países vecinos, de manera que ninguna persona migrante quede desprotegida o expuesta a riesgos de violencia o de trata de personas. No se trata solo de cifras, se trata de seres humanos con dignidad y derechos que debemos respetar. También, debo señalar que la Comisión de Derechos Humanos no ha quitado el dedo del renglón en materia migratoria. Hemos emitido dos informes de investigación en esa materia, en los cuales hemos hecho recomendaciones técnicas al Ejecutivo para que mejore el manejo de esos flujos migratorios», afirmó la legisladora.
