Especialistas advierten que la receta digital obligatoria encarece el acceso a medicamentos, satura los EBAIS y vulnera el derecho a la confidencialidad de los datos de los pacientes.
Médicos y usuarios del sistema de salud expresan una profunda preocupación por el impacto económico, operativo y legal del decreto impulsado por la ministra de Salud, Mary Munive, que establece la receta digital obligatoria para el acceso a medicamentos. Así lo expuso el doctor Edgar Carrillo, médico especialista en gerencia de servicios de salud y formulación de políticas públicas, durante una entrevista en el programa radial Red Democrática.
Aunque la medida ha sido presentada como un avance en modernización, Carrillo advirtió que en la práctica genera nuevas barreras de acceso a los medicamentos y encarece su costo total. Explicó que fármacos como antivirales, antimicóticos y antiparasitarios, que anteriormente podían adquirirse en farmacias conforme a la normativa vigente, ahora requieren una receta digital, lo que obliga a las personas a pagar una consulta médica privada o a acudir a los EBAIS, incrementando la saturación de un sistema que ya opera al límite.
Según el especialista, este escenario provocaría más filas, mayores tiempos de espera y un aumento en la carga de trabajo para médicos y farmacias, además de costos multimillonarios adicionales para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al tener que asumir la atención y entrega de medicamentos que antes eran costeados directamente por los pacientes.
“Este decreto convierte una necesidad básica en un gasto adicional. A la gente se le está obligando a pagar una consulta médica para obtener medicamentos que antes podía adquirir sin ese requisito, o a abarrotar los EBAIS, afectando a quienes realmente requieren atención médica prioritaria”, señaló Carrillo.
El médico también advirtió que el mecanismo impuesto vulnera el derecho de los pacientes a la protección de su información personal, ya que el sistema no garantiza la anonimización de los datos ni solicita consentimiento informado para su uso, pese a tratarse de información protegida por ley.
Carrillo alertó que esta situación podría llevar a que algunas personas dejen de tratar sus enfermedades, con los riesgos que ello implica, o bien a que los médicos enfrenten eventuales demandas por el uso indebido de datos privados de los pacientes.
Impactos negativos inmediatos
El especialista enumeró una serie de consecuencias directas derivadas de la aplicación del decreto:
- Aumento del gasto de bolsillo, al tener que asumir el costo de consultas médicas adicionales en un contexto de alto costo de la vida.
- Mayor presión sobre los EBAIS, al desviar citas y recursos destinados a enfermedades crónicas, controles y casos urgentes.
- Profundización de la desigualdad en el acceso a la salud, ya que quienes pueden pagar una consulta privada acceden con mayor rapidez, mientras otros quedan atrapados en listas de espera.
- Falta de planificación y transición, al emitirse el decreto sin análisis de impacto regulatorio ni protocolos claros de implementación.
- Violación del derecho constitucional a la confidencialidad de la información médica.
Para Carrillo, la decisión del Ministerio de Salud evidencia una grave desconexión con la realidad cotidiana de la población, al imponer por decreto un cambio estructural sin planificación ni consulta.
“La receta digital no es el problema. El problema es cómo se impuso: sin escuchar, sin corregir errores evidentes y sin proteger a la ciudadanía. Esto no es una política de salud centrada en las personas, es una decisión administrativa mal diseñada”, concluyó.
Finalmente, recordó que la medida ignora protecciones constitucionales, situación que ya fue advertida por la Procuraduría General de la República y denunciada previamente por el Colegio de Médicos y Cirujanos.
