Recientes renuncias en el Poder Judicial reavivaron la discusión legislativa en torno a la regulación de movimientos de funcionarios entre Poderes de la República.
Limitar el traslado de funcionarios entre Poderes de la República divide criterios entre los legisladores.
Recientemente, dos funcionarios del Poder Judicial renunciaron a sus puestos en ese sector para dedicarse por completo a sus funciones en el actual Gobierno.
Se trata del ministro de Justicia, Gerald Campos, y del subdirector nacional de Ciberseguridad, Esteban Aguilar. Ambos fungían como trabajadores judiciales, en los cargos de subdirector del Organismo de Investigación Judicial y fiscal coordinador de la Unidad de Cibercrimen, respectivamente.
Esta situación reavivó la discusión legislativa en torno a la regulación de movimientos de funcionarios entre Poderes de la República.
El diputado liberacionista Geison Valverde había presentado el proyecto de “Ley de prohibición para que los jueces del Poder Judicial en funciones sean nombrados en cargos fundamentales en el Poder Ejecutivo” (exp. 23.150).
La iniciativa pretendía prohibir a jueces asumir cargos de dirección, de presidencias ejecutivas o como ministros del Ejecutivo, sin embargo, no pasó del primer debate en octubre del 2024, pues solo contó con el apoyo liberacionista, del Frente Amplio y de la independiente María Marta Padilla.
Consultado por Noticias Columbia, el proponente comentó que el tema debería retomarse, con el fin de fortalecer la división de Poderes.
“Al ser jueces de la República, una vez que toman un puesto en un cargo primordial o esencial del Poder Ejecutivo adquiere compromisos políticos que eso podría violentar su seguridad a la hora de tomar decisiones, pero que además genera compromisos que luego en sus procesos normales como jueces de la República van a estar completamente comprometidos con lo que hicieron como ministros o ministras”, indicó.
Valverde recordó los casos de la actual ministra del MIDEPLAN, Marta Esquivel y el ministro de Justicia, Gerald Campos, que han renunciado a sus puestos en el Poder Judicial.
De igual manera, se refirió al director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez, a quien se le vencerá su permiso pronto.
Otras iniciativas
Unos meses antes de esta discusión, en enero del 2024, la diputada frenteamplista Sofía Guillén presentó el proyecto de “Ley para Fortalecer la Autonomía de las Personas Funcionarias del Sector Público Costarricense frente a los Riesgos de la Captura de la Decisión Pública” (exp. 24.111).
Su fin es eliminar las denominadas “puertas giratorias” (movimientos de puestos de trabajo entre lo público y lo privado), y regular el lobby legislativo para evitar conflictos de interés.
Específicamente, el proyecto impide a altos mandos como superintendentes y presidencias ejecutivas trabajar en empresas a las que deban fiscalizar, ni tres años antes ni tres después; además, se propone la creación de un Registro Público de Lobbistas.
La diputada Guillén recordó estas iniciativas, por lo que aseguró que la limitación debería alcanzar a todo el sector público.
“Lo que sea regular puertas giratorias es necesario, yo misma presenté un proyecto de ley para regular el lobby y las puertas giratorias en toda la función pública, entonces por supuesto, aquellas iniciativas en donde se concentre alguna institución me parece que son oportunas, pero creo que deberíamos estar avanzando a este marco nacional de sector público, la puerta giratoria es un mecanismo que se presta para la corrupción y los conflictos de interés y debería estar regulado en todas las instituciones sin excepción, nos pasa en el AyA, nos pasa en el ICE, nos pasa en la Caja, nos pasa en el Poder Ejecutivo, nos pasa en toda la función pública”, declaró.
Oposición a la regulación
En contra de la iniciativa liberacionista votaron la Unidad Social Cristiana, el Partido Liberal Progresista, Nueva República y el oficialismo.
La oficialista Paola Nájera manifestó que el proyecto se hizo “a la medida contra el actual Gobierno”, lo que tachó como “nefasto”.
Según comentó, limitar el traslado de funcionarios entre Poderes sería discriminar a los trabajadores y su eventual aporte al país.
“Consideramos que hay una total discriminación hacia esos funcionarios judiciales que deseen también servir a su patria desde otros espacios, ya se ha podido observar que es muy rico el aporte que varios funcionarios judiciales honestos han podido darle al país participando en los Poderes Ejecutivos, de igual manera como se les brinda la posibilidad de ser profesores en universidades, y consideramos entonces que limitar esto es una discriminación, pues se le limita a los funcionarios poder aportarle al país sus conocimientos, su experiencia también desde el Poder Ejecutivo”, respondió.
