Luego de un extenso trámite legislativo, la iniciativa contra el sicariato se encamina a ser ley, tras su aprobación en segundo debate.
Luego de un extenso trámite legislativo, la iniciativa contra el sicariato se encamina a ser ley: ¿cuál es el impacto que esperan los diputados?
El proyecto de “Ley contra el Sicariato” (exp. 24.047), presentado por el diputado de Nueva República, David Segura, en noviembre del 2023, tiene como fin reconocer la figura del sicariato en el Código Penal.
Lo que plantea el texto es la imposición de penas de prisión de 20 a 40 años a quienes, en razón de la pertenencia o participación en una organización criminal, causen la muerte de otra persona por encargo, acuerdo, remuneración económica o promesa remuneratoria.
También se establece una pena de tres a cinco años de prisión a quienes públicamente soliciten, ofrezcan o promuevan servicios de homicidio por encargo, acuerdo o promesa remuneratoria, o servicios de preparación o entrenamiento para llevar a cabo el homicidio por sicariato.
El proyecto pasó por varias votaciones, ajustes al texto y una consulta constitucional promovida por la independiente Gloria Navas; este lunes fue aprobado en segundo debate.
Impacto según los diputados
El impulsor de la iniciativa, David Segura, calificó como “muy importante” la aprobación del texto, pues se dota de mejores herramientas a las autoridades, para combatir el crimen organizado.
“Hasta ahora el sicariato se juzgaba simplemente como homicidio calificado, pero con la creación del artículo 112 bis el mensaje es claro, matar por precio o promesa remuneratoria es un delito específico y más grave, estamos elevando el techo de la pena, pasando de un máximo de 35 a 40 años de prisión, la pena más alta en Costa Rica; esta ley no solo castiga el acto, sino también la estructura, por primera vez se penaliza con tres a cinco años de cárcel a quienes se atrevan a publicitar o a ofrecer servicios de sicariato, ya no habrá impunidad para quienes usan las redes sociales o cualquier medio para mercadear el miedo y el crimen”, comentó.
Para el liberal Gilberto Campos, la aprobación del proyecto es calificada como un “triunfo” en el combate a la inseguridad, pues la intención de la reforma es visibilizar las nuevas formas de criminalidad.
“Es un triunfo del sector interesado en mejorar las condiciones de sanción de los delitos y establecer las conductas actuales y modernas de ejecución del crimen con mucha mayor claridad que lo que teníamos en nuestro Código Penal, frente a posiciones muy garantistas en la Asamblea Legislativa que en algún momento plantearon que el proyecto no era de ninguna manera necesario, de tal manera que veremos cómo se empieza a implementar por parte de los operadores del derecho esta reforma al Código Penal, que estamos seguros pretende atender un fenómeno que antes en Costa Rica no existía, que era poco usual verlo y que ahora lamentablemente es el flagelo que debemos enfrentar”, apuntó.
La diputada independiente Gloria Navas fue quien impulsó una consulta del proyecto a la Sala Constitucional, con el apoyo de legisladores de Liberación Nacional y del Frente Amplio.
Para la legisladora, ya existe legislación que condena la práctica del sicariato y la reforma debería realizarse a la Ley de Crimen Organizado.
“El proyecto de ley trata de aumentar la pena, pero desconoce un tema fundamental, que es que estos delitos de crimen organizado cuando se capturan no es solo por el homicidio y no es solo una persona acusada, sino que generalmente por ser una organización hay participación de otras personas detrás, hay legitimación de capitales, hay traslado de drogas, todo eso está relacionado con este tipo de delincuencia y, en consecuencia, a la hora de sentenciar las penas llegan hasta más de 50 años, 60, 100, 150 años y siempre hay que reducirlas al máximo de 50 años, por eso es que yo he creído que no es necesaria esa reforma en como se planteó y en cómo se aprobó finalmente”, expresó.
Por su parte, la liberacionista Alejandra Larios considera que, aunque el sicariato ya estaba previsto como un tipo de homicidio calificado, se aumentan las penas con la reforma aprobada.
La legisladora está de acuerdo con la propuesta, pero considera que debe acompañarse con otras iniciativas para el combate a la inseguridad.
“Como lo he dicho reiteradamente, un proyecto de ley no es suficiente y no hace una diferencia sustancial dentro del sistema jurídico costarricense, o bien, dentro de la inseguridad que está viendo el país, porque no solamente se requiere una política integral de seguridad que hasta el día de hoy seguimos extrañando de parte del Poder Ejecutivo, sino que también hay otros proyectos de ley importantes, como por ejemplo el 24.741 que tipifica la organización criminal, que lastimosamente el Poder Ejecutivo no ha convocado y es un complemento muy importante para este proyecto de ley aprobado”, lamentó.
