El magistrado participó este miércoles en una audiencia ante los diputados de la Comisión de Nombramientos, para dar sus impresiones sobre el proceso de elección de magistraturas.
El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, negó que la reciente decisión de prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes sea “un golpe de estado”.
El magistrado participó este miércoles en una audiencia ante los diputados de la Comisión de Nombramientos, para dar sus impresiones sobre el proceso de elección de magistraturas.
Desde el oficialismo
En el espacio, los diputados oficialistas pusieron en duda la decisión de cuatro de los siete magistrados suplentes de ordenar al Congreso proceder con el nombramiento, y prorrogar mientras tanto su plazo.
Castillo, uno de los que se opuso a la decisión de mayoría, respondió al diputado Gerald Bogantes (PPSO) que hay varias posiciones distintas sobre la prórroga de los nombramientos.
“¿Existe dentro de nuestra Constitución Política la figura de la prórroga de nombramientos de magistrados suplentes?”, pregunta el diputado Bogantes.
“El voto está en redacción, la mayoría está redactando, en el caso mío al voto mío se ha unido el magistrado Salazar, ya el voto está redactado y vieras que después de un contraste que se haga del voto de mayoría con el voto de minoría y el voto de la magistrada Garro, que es un voto salvado particular, creo que podríamos tener elementos de juicio importantes, de ahí que, por respeto a esa construcción que está haciendo el Tribunal, preferiría dejar en standby”, respondió el magistrado.
Castillo indicó que el trabajo de la Sala Constitucional no está paralizado, pero que sí ha existido retraso en alrededor de 120 casos.
El oficialista José Miguel Villalobos consultó sobre la cantidad de personas que se incluyeron en la nómina enviada a la Asamblea Legislativa, puesto que de 37 aspirantes que cumplieron los requisitos solo se enviaron 18 nombres.
“Desde la perspectiva de la Sala Constitucional, se hace un análisis después de las entrevistas, se dedica toda una sesión a discutir cómo estuvieron las entrevistas, analizar los atestados, analizar las experiencias, llegamos a la conclusión que el resto de candidatos no eran idóneos para el cargo, esa fue la razón”, expresó.
El magistrado agregó que se estará iniciando con las entrevistas entre 21 personas para enviar una nómina al Congreso en septiembre próximo, con el fin de completar el concurso de las 12 plazas.
Desde la oposición
Diputados de oposición, como Janice Sandí (PLN) y Antonio Trejos (FA) cuestionaron el incumplimiento de deberes que los diputados podrían estar realizando por la falta de elección, además de los portillos legales existentes para que se pueda votar en blanco.
Por su parte, el liberacionista Salvador Padilla consultó al magistrado sobre los señalamientos de un golpe de Estado y la intención de desacatar una resolución de la Sala Constitucional.
“¿Bajo el ordenamiento jurídico actual, la Sala Constitucional puede dar un golpe de Estado?”, pregunta el diputado Padilla.
“Yo creo que aquí los términos se han equivocado, efectivamente la Sala no puede dar un golpe de Estado, lo que hay son escuelas de pensamiento, digamos tribunales más activistas o tribunales más conservadores”, respondió el magistrado.
Padilla también consultó sobre las declaraciones del oficialismo de su intención de no acatar resoluciones judiciales.
“En un Estado social democrático de derecho, y me recuerda su pregunta el caso de Brown versus Junta de Educación de Topeka, cuando la Suprema Corte ordenó la integración racial y un negro llegó a inscribirse rápidamente a una universidad y ese día en esa ciudad se dieron unas protestas y como resultado casi murieron 300 personas, el presidente Kennedy sale a la opinión pública en una cadena de radio y televisión y él dice ‘todos tenemos derecho a criticar las sentencias de la Sala, pero en un Estado como los Estados Unidos, la base de la convivencia es el respeto a las decisiones judiciales’”, indicó Castillo.
