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José Miguel Villalobos: Colegio de Abogados explica cómo se le aplicaría la suspensión de ocho años y medio

Fernanda Araya - 17 de septiembre de 2026
José Miguel Villalobos: Colegio de Abogados explica cómo se le aplicaría la suspensión de ocho años y medio
  • El diputado oficialista cuestiona la competencia del Colegio tras su renuncia, pero la Fiscalía sostiene que los procesos podían continuar.

El diputado oficialista José Miguel Villalobos acumula 8 años y 6 meses de suspensión para ejercer la abogacía por tres procesos disciplinarios resueltos por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Las sanciones corresponden a tres expedientes. La primera establece 36 meses de suspensión. Las otras dos fijan 33 meses cada una.

Uno de los casos incluye además la devolución de ₡6,14 millones a una pareja que denunció el pago de servicios legales que, según la resolución, no fueron realizados.

El fiscal del Colegio, Dewin Brenes Fernández, explicó que las investigaciones buscan determinar si el abogado cumplió con sus deberes profesionales y si realizó el trabajo por el que recibió honorarios.

“En este caso se determinó que sí había prueba suficiente como para poder dictar una sanción”.

Villalobos cuestionó la decisión. El legislador renunció al Colegio el pasado 20 de agosto y dejó de ejercer la abogacía mientras ocupa su curul en la Asamblea Legislativa.

Su argumento es que el Colegio perdió competencia sobre él después de su renuncia.

“No tienen competencia alguna, ya yo no soy miembro de ese colegio”.

La Fiscalía mantiene una posición distinta. Brenes explicó que la renuncia no elimina los procesos disciplinarios que ya estaban en trámite.

Las sanciones tampoco empiezan a correr de inmediato. Villalobos permanece actualmente inhabilitado para ejercer por decisión propia. Los periodos de suspensión comenzarían a cumplirse si solicita nuevamente su habilitación profesional.

El caso también deja una consecuencia económica. Además de las suspensiones, las resoluciones establecen devoluciones de dinero cuando se determinó que hubo pagos por trabajos que no fueron realizados.

El Colegio sostiene que las investigaciones no responden a razones políticas y que algunos de los procesos venían desde 2025 o incluso antes.

Las resoluciones todavía pueden ser impugnadas ante las instancias correspondientes.

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