La fracción del Frente Amplio solicitó una investigación a las contrataciones públicas de la Junta de Protección Social (JPS).
Mediante un oficio dirigido a la contralora general de la República, Marta Acosta, la fracción del Frente Amplio solicitó una investigación a las contrataciones públicas de la Junta de Protección Social (JPS).
Según el oficio, los dos contratos por medio de los cuales la JPS vende lotería electrónica vencerán este mes y en agosto próximo, razón por la cual se inició un nuevo proceso de contratación internacional denominado Centauro.
Este ha sido cuestionado por la falta de estudios técnicos necesarios, plazos de implementación irracionales y una presunta contratación irregular del actual proveedor.
Además, la fracción objeta que la JPS esté valorando tres de cuatro escenarios posibles para dar continuidad al servicio, los cuales, a su criterio, buscan evadir los mecanismos normales de contratación pública.
En entrevista con Noticias Columbia, el diputado Jonathan Acuña explicó la solicitud de investigación.
“Este año se vencen los dos contratos que le dan sustento a esos servicios y, por tanto, tienen que sacar a concurso nuevamente para que liciten terceros, para que liciten privados, y ¿qué nos encontramos? Que la Junta de Protección Social podría estar evitando los procesos de contratación normales: por un lado, haciendo micro contratos, dividiendo lo que sería un solo gran servicio en pequeños servicios separados para que el monto no alcance el de una licitación normal, entonces brincándose y nombrando el contratado se podría decir que a dedo y, por otra parte, la utilización de mecanismos que resultan absolutamente irregulares, como la utilización de un contrato que ya existe para una empresa que fue contratado para otra cosa y que ahora le amplían la cantidad de horas que se les paga por cifras muy altas sin pasar por un proceso de licitación público, abierto, competitivo”, señaló.
A criterio de la bancada frenteamplista, la situación genera un riesgo en las ganancias, lo que se traduce en una afectación directa al sector social que recibe transferencias de la JPS.
Por ello, esperan que la investigación de la Contraloría General de la República sea expedita, según dijo Acuña.
“Lo que le solicitamos a la Contraloría es que investigue con la mayor celeridad dada la urgencia, porque como se vencen esos contratos no es que tenga muchos meses la Contraloría para investigar, que investigue, que determine si los procesos que está utilizando la Junta están adecuados a la ley, y si no lo están que haga las advertencias ya para que saquen los concursos tal y como corresponde según la propia Ley de Contratación y que entonces esos servicios, esa venta de estos juegos no se detenga para que no se afecten las finanzas de la Junta y sobre todo no se afecten los programas sociales que se ven beneficiados por la Junta”, expresó.
El diputado indicó que no han tenido acercamiento con la JPS, lo cual esperan que suceda en los próximos días, pero sí han conversado con sindicatos de personas vendedoras de lotería.
Asimismo, están considerando convocar a autoridades de la Junta para que rindan cuentas ante el Congreso.
Por su parte, la gerente general de la JPS, Gabriela Díaz, respondió que se están tomando las medidas necesarias con respecto a los contratos que vencerán pronto.
“La institución está realizando procesos de transformación con respecto a los productos que distribuimos, continuamos innovando y esto justamente lo realizamos por el bien de la institución y de las organizaciones sociales a las que les distribuimos su utilidad, efectivamente existen contratos que están prontos a vencer, sin embargo, la Junta de Protección Social está tomando las medidas respectivas, la institución constantemente trabaja en opciones para brindar mejores oportunidades a nuestros clientes y aportar a las causas sociales”, respondió.
Según Díaz, más del 70% de los productos de la Junta se coloca a través de los vendedores afiliados, y buscarán más opciones para los clientes.
La jerarca resaltó la disposición de la institución para colaborar con las autoridades y atender consultas.
“Somos enfáticos en indicar que la Junta de Protección Social es respetuosa de las entidades competentes con vigilar la correcta administración de los recursos públicos, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, manifestamos que la institución mantiene total disposición para atender cualquier consulta por parte de las diputaciones, así como del órgano que fiscaliza los procesos institucionales, fundamentado en sus principios de transparencia y colaboración”, concluyó.
