El jerarca de la DIS, Jorge Torres, compareció este jueves ante la Comisión Legislativa de Derechos Humanos por asesinato del opositor nicaragüense, Roberto Samcam.
El asesinato del activista y coronel retirado del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, refugiado en Costa Rica, sigue generando dudas sobre el proceder de las autoridades nacionales.
Este jueves, el jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres, declaró ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa por este caso ya que, en apariencia, Samcam había presentado denuncias por seguimientos en su contra.
Según Torres, la DIS no tiene la capacidad de brindar protección a todas las personas refugiadas en el país. Además, añadió que la ley bajo la cual se rigen no les da la posibilidad de recibir denuncias, por lo que se limitan a trasladar la información al Poder Judicial.
«En el caso nuestro, nosotros nos regimos a través de la Ley 7.410. Dentro de esta ley, nosotros tenemos las atribuciones y lo que no podemos hacer. Nosotros no recibimos denuncia, en primera instancia. Nosotros lo que hacemos es cuando tenemos alguna información, cosa que nunca hemos recibido ningún caso, que nos digan, «Mira, me van a matar.» Tampoco nosotros tenemos el banco de información de los refugiados de este país. Hay un número general público que circula que se habla que podrían haber 20.000 personas refugiadas y 200.000 solicitudes de refugio en espera. Sería imposible para nosotros, con una cantidad de oficiales nuestros de la DIS, que no quisiera decir la cantidad, darle seguridad física a cada ciudadano», reconoció Torres.
Para la diputada independiente, Cynthia Córdoba, es lamentable que las labores de la DIS no parezcan estar orientadas a mejorar la seguridad de los costarricenses y refugiados.
«De todo lo que he escuchado, lo que me queda claro es que realmente la parte de inteligencia de la seguridad de Costa Rica no está tan clara. Realmente, me parece que hay que hacer una reflexión del trabajo que ustedes están realizando, porque me preocupó mucho las respuestas que usted le dio a nuestro diputado (Antonio) Ortega, de que no conocía si existían ese tipo de organizaciones que pudieran atentar contra el estos migrantes y es que no solamente podrían ser contra estas personas, pueden salir costarricenses de algún modo víctimas. Entonces, me parece que claramente hay una orientación de las funciones a ciertas cosas que tal vez no son de prioridad país o son de interés personal del presidente y que no están siendo atendidas de la mejor forma las necesidades de los costarricenses en temas de seguridad», manifestó la legisladora.
Consultado por Noticias Columbia, el abogado de la familia de Roberto Samcam, Federico Campos, señaló que el activista, asesinado el pasado mes de junio, no tenía protección, al igual que sus allegados.
«Él tenía, por la información que tenemos, reuniones muy constantes con la DIS, aunque la DIS ahora dice que ni eran tan constantes ni era cierto que les daba información. Eran reuniones muy constantes para darles información sobre la incursión de células terroristas dentro del país que lo que pretendían o pretenden todavía es callar a los opositores políticos de la dictadura nicaragüense que operan desde aquí, muchísimos de ellos, y que efectivamente son los que mueven las ramas de la opinión pública dentro de Nicaragua y otros están en Miami, pero en Costa Rica hay bastantes. Entonces, ¿Qué es lo que hace el régimen o la dictadura nicaragüense? Callar esas voces que están fuera del país, periodistas, asilados políticos, empresarios de todo tipo para precisamente evitar que sigan operando o sigan expresándose en contra de la dictadura nicaragüense. Don Roberto, que siempre fue un hombre muy valiente que decía y escribía sobre los temas que estaban sucediendo en Nicaragua y que estaba exiliado político en nuestro país, también ya tenía nociones de la amenaza o el riesgo que estaba corriendo y que efectivamente tenían que darle consejos, algún tipo de seguridad. Nada de eso pasaba, ni a don Roberto ni a la familia. La familia dice que ni siquiera un mínimo consejo de cerrar el portón con doble llave, estoy hablando irónicamente, se le dio absolutamente nunca», lamentó el abogado de la familia de Roberto Samcam.
De igual manera, Campos señaló que manejan la posibilidad de presentar una denuncia ante el Estado por no brindar la protección al refugiado nicaragüense; sin embargo, indicó que la prioridad en este momento es que se establezcan las responsabilidades correspondientes.
«Lo que más interesa por ahora es que se determine quiénes fueron los autores materiales. Entendemos que, no puedo dar detalles, pero que las pesquisas están muy avanzadas y que ojalá se llegue a los autores intelectuales y que eventualmente se pueda inclusive, si no traerlos aquí, que es muy difícil, eventualmente en algún momento de la vida llevarlos a España. ¿Por qué digo en algún momento de la vida? Porque si los autores intelectuales están dentro del gobierno nicaragüense, dentro de la dictadura que ahorita está operando, no podemos esperar que ellos mismos vayan a entregar a quienes le colaboraron», añadió Campos.
