Antes de someter el proyecto a votación, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos recibieron en audiencia a representantes de la Conferencia Episcopal.
La Iglesia Católica y algunos diputados tuvieron un “frente a frente” durante la discusión de un proyecto que busca obligar a diferentes entidades a denunciar delitos sexuales contra menores de edad.
La Comisión de Derechos Humanos votaría este jueves el proyecto “contra el silencio en delitos sexuales en perjuicio de la niñez y personas con discapacidad; responsabilidad civil solidaria, deber de denuncia y garantía de cumplimiento de protocolos de investigación” (exp. 23.928), del diputado frenteamplista Antonio Ortega.
Su fin es establecer la responsabilidad y el pago de daños y perjuicios a aquellas organizaciones y asociaciones comunitarias, deportivas, religiosas y sociales que comentan un delito sexual contra un menor de edad o una persona con discapacidad, aprovechándose de su condición religiosa o de poder.
También se pretende castigar a aquellos que encubran estos delitos, y permitir el levantamiento del secreto de confesión de los ministros religiosos cuando el interesado les exima de ese deber.
Antes de someter el proyecto a votación, los diputados recibieron en audiencia a representantes de la Conferencia Episcopal.
El Padre Mauricio Granados, especialista en Derecho Canónico, explicó que el sacramento de la confesión es propio de la creencia católica, y no puede irrespetarse, pues habría consecuencias.
“Estamos obligados, dentro de la liturgia de la Iglesia, a realizarlo en ciertas condiciones, y una de ellas es guardando el secreto absoluto e imposible de transigir lo que se escucha dentro de la confesión, porque el sacerdote no actúa en quien sea el sacerdote, sino in persona Christie, es decir, representa y es el mismo Cristo que absuelve, entonces desde nuestra óptica y dentro de nuestra religión y estado de ideas es Cristo el que actúa y perdona a su pueblo, precisamente por ello nuestra promesa no se refiere a una promesa que sea de libre disposición del penitente, el penitente no nos puede dar permiso para revelar su confesión, aún en contra de una acusación injusta para nosotros mismos, ni siquiera en defensa propia podemos develar nosotros un secreto de materia de sigilo sacramental; la consecuencia de una falta de un ministro de la confesión a este deber de sigilo es la excomunión”, explicó.
Tanto el Padre Granados como el Padre Ricardo Cerdas alegaron que buscan la protección de los menores de edad ante abusos sexuales, pero que no pueden irrespetar el sigilo sacramental, es decir, la obligación de no revelar lo que se dice en una confesión.
Consultados por la diputada socialcristiana Melina Ajoy sobre si aplicarían la ley en su eventual aprobación, los sacerdotes dijeron que “no cederían a las normas para respetar su fe”.
El proponente del proyecto, Antonio Ortega, reprodujo el testimonio de una víctima de abuso sexual durante su niñez por parte de un sacerdote, y lamentó que los representantes de la Iglesia no se refirieran a protocolos de protección de los niños y jóvenes ante abuso sexual.
Por su parte, la liberacionista Andrea Álvarez alegó que, aunque respeta el secreto de confesión, este no puede estar por encima de la protección de poblaciones vulnerables. En similar sentido se manifestó la socialcristiana Daniela Rojas, que señaló que la Biblia no fomenta el encubrimiento de delitos.
Posición contraria manifestó el diputado de Nueva República, David Segura, quien calificó el proyecto como un “acto de odio” y criticó al Frente Amplio por intervenir en la religión católica.
“Este proyecto es un ataque frontal a la Iglesia Católica y a su fe, un odio descarado que desafía las creencias más profundas de todos los católicos, estoy seguro de que así como el Frente Amplio desea que la Iglesia Católica desaparezca, que el derecho de confesión desaparezca y que todas las iglesias de este país desaparezcan, así también el pueblo costarricense les cobrará todas estas tonteras, porque si algo tenemos en común los cristianos, los conservadores de Costa Rica y la gente de principios y valores es que queremos que el Frente Amplio desaparezca; al Frente Amplio se le pasó la mano con este proyecto de ley”, señaló.
El proyecto no fue sometido a votación por falta de tiempo. La Comisión aprobó recibir a la Fundación PANIAMOR para que se refiera a la iniciativa.
