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Hacienda: Dinero que va al ICD y Policías, producto de decomisos, “está contemplado en presupuesto 2024”

by Alejandro Arley

El Ministerio se refirió a nueva ley que fue criticada fuertemente por la Fiscalía y el OIJ. Además reconoce que normativa tiene error en un término legal.

En Noticias Columbia, desde el pasado martes, dimos a conocer la preocupación e incluso molestia en la Fiscalía y el Organismo de Investigación (OIJ) por la vigencia de la ley de “Manejo eficiente de la liquidez del sector público” (10.495).
Esta normativa, vigente desde el 18 de junio, modificó el artículo 85 de la Ley 7786 (Ley sobre estupefacientes y psicotrópicos reformada integralmente por la 8204).

En ese texto se establecía la forma de administrar el dinero decomisado a los grupos criminales dedicados al narcotráfico o lavado de dinero.

Antes, el dinero era enviado al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) el cual podía invertirlo, generar intereses en bancos comerciales y distribuirlos, con porcentajes definidos, para programas de prevención del consumo de drogas y para el trabajo de los cuerpos policiales. La nueva ley dejó el artículo 85 de la siguiente forma:

“La autoridad judicial depositará diariamente el dinero decomisado en las cuentas del Sistema de Cuentas del Sector Público, y de inmediato remitirá comprobantes del depósito efectuado a la Tesorería Nacional, la cual deberá mantener la disponibilidad de estos dineros hasta en tanto se ordene el levantamiento del comiso”

Tras el cambio, la Fiscalía y OIJ consideran que hay total incertidumbre con respecto a la forma en la que podrán acceder a los recursos así como las cantidades que recibirían. Además, dudan de que el trámite sea ágil o expedito como ocurría con el ICD.

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Respuesta de Hacienda

Al Ministerio le expusimos los cuestionamientos del OIJ y Fiscalía por los efectos de la ley vigente y solicitamos nos aclarara cómo será ahora el acceso al dinero que corresponde al fortalecimiento de los cuerpos policiales en la lucha contra el narcotráfico.

En la respuesta, enviada este jueves, el viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina, defendió la utilidad de la ley 10.495 pues considera que “alinea al país con las mejores prácticas en gestión de la liquidez”.

Agregó que hay un beneficio a las finanzas públicas, no solo del Gobierno Central, sino de muchas instituciones del Estado, “al evitar, por ejemplo, que se paguen intereses sobre las mismas transferencias que realiza el Estado entre instituciones”.

Citó además que la ley garantiza “una adecuada programación financiera y de caja en todas las instituciones que seguirán manejando sus propios fondos en las cuentas de Caja Única”.

“En el caso particular del ICD y las instituciones que reciben fondos del artículo 85 reformado, esos recursos ya están contemplados en el presupuesto de la República 2024, por lo que el Gobierno se compromete a mantener los recursos con cargo al presupuesto nacional, tomando este año como el año base. Esto es fiscalmente posible por la misma naturaleza de la ley aprobada que generará ahorros en el mediano plazo”, dice la respuesta.

“En relación con las cuentas de los recursos decomisados, la ley contiene un error en la distinción entre comiso y decomiso, las cuentas en Tesorería funcionan como cualquier banco comercial para los efectos del Poder Judicial, quien sólo ordenará el depósito o la liberación de los recursos cuando sea el caso”, añade.

Pedimos al viceministro una aclaración sobre el punto anterior. Respondió que el Poder Judicial es el que ordena el depósito o la liberación de los recursos, solo que ahora será en cuentas del ICD en la Tesorería Nacional y no en cuentas de bancos comerciales.

Sobre el error en la ley, Roberto Méndez, de la Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogados, señaló que la normativa fue aprobada a pesar de tener este problema.

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Explicó que el decomiso es una custodia temporal de los bienes mientras se realiza el proceso judicial que determine si hubo o no un delito. El comiso es cuando pasan a manos del Estado tras acreditarse en firme el hecho ilícito.

“El levantamiento del comiso realmente no se ordena, el levantamiento del decomiso sí; ya sea que se devuelva a los imputados (los bienes) o que queden definitivamente a la orden del Estado”, recalcó.

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