Caso se relacionan con presunta «contratación a la medida» de una productora que da servicios de comunicación. Abogado del mandatario cuestiona que Ministerio Público utilice un «testigo de la corona».
El fiscal general presentó una acusación contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives (exministro de Comunicación), por el presunto delito de concusión.
Este delito tiene penas de dos a ocho años “al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.
La Fiscalía General investigó la contratación «aparentemente a la medida» para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que brindara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República durante el período 2022-2026.
«De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli (de la productora) para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, al coimputado Cruz Saravanja (conocido como Choreco), asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente, a quien se le benefició con $32,000.00, derivado del ‘Contrato marco de prestación de servicios de consultoría’, para la compra de una casa. A Cruz se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE», dice el informe de la Fiscalía.
La acusación del Ministerio Público señala que, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde «instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato».
«La semana pasada terminamos una investigación. En la misma, se decidió por parte de la Fiscalía General que había mérito para presentar una acusación y esa fue la que hoy presentamos como parte del trámite ante la Secretaría de la Corte», dijo Carlo Díaz esta mañana en las afueras del edificio de la Corte Suprema de Justicia.
Escuche aquí las declaraciones completas que incluyen consultas de Columbia:
Testigo de la corona
En el expediente, la Fiscalía General aplicó al imputado Bulgarelli Rojas un «criterio de oportunidad».
Se refiere a la posibilidad legal que tiene el fiscal para que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal contra un coimputado que testifique en contra de otro u otros implicados. A cambio «obtiene inmunidad o una reducción de la condena», explica el diccionario del Poder Judicial.
En este caso, «el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, para esclarecer el hecho investigado y proporcionar información útil para probar la participación de los imputados».
En contra de Bulgarelli se sigue la causa 25-000043-0033-PE, en la cual se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que exista una sentencia firme en ese proceso.
Si la colaboración no llegara a ser eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra.
«Si cumple con lo pactado, porque para eso se firma un contrato, no sería acusado. A él se le va a solicitar la suspensión del procedimiento hasta que este otro, el principal, quede firme», comentó Díaz.
El abogado José Miguel Villalobos, defensor del presidente Rodrigo Chaves, cuestionó el uso de esta figura para acusar al mandatario.
«Siendo un caso donde la única prueba deriva de un testimonio de un presunto testigo de la corona, pues desde luego ese testimonio carece de un valor real, pues puede ser evidentemente falso, puede ser inducido por la propia Fiscalía, puede ser evidentemente dirigido con propósitos aviesos y con malas intenciones», expresó.
Villalobos habló de la «doctrina Lobo», en referencia al caso de José Antonio Lobo quien fue testigo de la corona en el caso ICE-Alcatel y testificó en contra del expresidente Miguel Ángel Rodríguez.
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