Exministro de Seguridad aseguró que el instituto se da potestades que no le corresponden.
Luego de que el Gobierno anunciara esta semana que se adjudicaría de emergencia la licitación de las tobilleras electrónicas a Radiográfica Costarricense (RACSA), volvió a abrirse el debate sobre este beneficio para los privados de libertad.
Noticias Columbia conversó con la exministra de Justicia, Marcia González, quien explicó la manera en la que se colocan estos dispositivos a la población favorecida con el beneficio.
Según González, la orden de las tobilleras para cada caso, es emitida por un juez y posteriormente corresponde al Ministerio de Justicia dar seguimiento.
“La persona se presenta a la unidad de monitoreo del Ministerio de Justicia o la trae el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Se le revisa lo ordenado por el juez y se ingresa en los sistemas. Se le dan las instrucciones y se le instala el brazalete. Posteriormente, se le diseña un plan de monitoreo, supervisión y seguimiento. El monitoreo se hace con un sistema tecnológico que se enlaza de forma remota con una plataforma central. Además, son sujetos a visitas presenciales”, explicó González.
La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), actual proveedor del servicio para el ministerio, aseguró que la tecnología que utilizan las tobilleras de RACSA son vulnerables. Según datos de la ESPH, 523 de estos dispositivos fueron dañados en un periodo de seis meses.
Sobre estas afectaciones, la exjerarca de Justicia señaló que existen protocolos de respuesta.
“Cuando una persona daña una tobillera, se le genera una alerta y es abordada de manera inmediata por los primeras personas que respondan dentro del ministerio. Además, hay un enlace permanente con los diversos cuerpos policiales”, agregó la exministra.
El exministro de Seguridad, Gustavo Mata, también conversó con Noticias Columbia y fue tajante en su posición sobre el uso de las tobilleras.
Mata mencionó que el acceso a este beneficio debería depender del crimen que cometió el privado de libertad.
“Yo estoy totalmente en desacuerdo en usar tobilleras en sujetos que fueron condenados por narcotráfico, homicidio, violaciones o robos agravados. Estos no son merecedores de este beneficio. Pensaría más bien en sujetos que fueron condenados por hurtos, estafa o incluso por pensión alimentaria”, manifestó Mata.
El exjerarca de Seguridad también habló de la injerencia del Instituto Nacional de Criminología (INC) en materia de beneficios carcelarios.
Precisamente, Mata dijo apoyar unos señalamientos realizados por el fiscal general, Carlo Díaz, quien afirmó que este instituto brindaba libertades a los condenados de manera inconstitucional.
El exministro agregó que muchos de estos beneficiados cometen nuevamente los delitos, incluso con las tobilleras.
“¿Cómo es posible que una instancia administrativa como es el INC se arrogue potestades mayores a un tribunal de justicia en Costa Rica? A un sujeto lo condenan a 15 años y tiene que descontar 15 años, pero el INC a media pena lo pone con una tobillera en la calle. Eso hay que eliminarlo de manera inmediata y más ahora que estamos viendo con mucha preocupación esta problemática de la inseguridad, donde los sujetos vuelven a reincidir en sus delitos”, expresó Mata.
Finalmente, el exministro de Seguridad criticó la gestión del Ministerio de Justicia en el tema de las tobilleras.
“Esta gente (con beneficios) se desconectan, no los cargan o salen de la jurisdicción donde supuestamente los obligan a estar. Ahí no hay control, es un puro desorden. Por ahí es donde hay que empezar, que haya más administración, control y supervisión”, apuntó Mata.
