La recepción de ofertas del proceso para renovar las concesiones del espectro radioeléctrico cerró el pasado viernes 21 de noviembre.
Diferentes candidatos a la presidencia cuestionaron la subasta por las frecuencias de radio y televisión.
La recepción de ofertas del proceso ordenado por el gobierno y tramitado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para renovar las concesiones del espectro radioeléctrico cerró el pasado viernes 21 de noviembre a las 11:59 p.m.
Desde entonces, varias empresas han hecho pública su participación, mientras que otras, como Cadena Radial Costarricense, Telefides o Radio Sinfonola, se han despedido de sus audiencias alegando que no pueden pagar el monto solicitado por el gobierno, que ronda entre los 96 y 800 millones de colones para medios de alcance nacional.
Esto ha provocado diferentes reacciones entre los candidatos a la presidencia de la República, entre los cuales se encuentra el candidato de Unión Costarricense Democrática, Boris Molina, quien aludió al impacto a los consumidores.
“El tema económico, lo que se va a ver en la subasta, que es el que tiene más plata es el que paga más y es el que se lleva entonces la oferta, esto no tiene que ver nada con un derecho humano, porque estaríamos diciendo que simple y sencillamente reducimos a algo económico la decisión de quién lo informa a usted y eso es más importante que cualquier cosa, no podemos sucumbir un derecho humano al poder económico y eso es lo que se da en una subasta, por eso creemos que este sistema, que esta medida, es más que toda la reforma en ese sentido, tiene una inconstitucionalidad presente, es contrario a la Constitución y es contraria a la Convención simple y sencillamente porque vulnera el derecho humano a la libertad de expresión y a su derivado, que es el derecho de información y de comunicación”, comentó.
El candidato del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, cuestionó el impacto del proceso en medios de corte religioso.
A su criterio, estos son espacios de difusión de fe y de amor que se verán coartadas por la decisión del Gobierno.
“La subasta de frecuencias de radio y televisión promovida por Rodrigo Chaves se convirtió en una amenaza y en un ataque directo a la fe, fíjense que el gobierno fijó precios que van desde los 380.000 hasta más de $1.600.000, montos que prácticamente entierran a las emisoras de radio y televisión cristianas, tanto evangélicas como católicas, con esos montos el riesgo de apagar sus señales es inminente, ¿cuántas vidas han sido encendidas por medio de las radios cristianas? Pero hoy las quieren apagar, y cuando se apaga una señal se apaga un espacio de fe, esperanza y amor, se apaga la posibilidad de compartir el evangelio, se apaga la posibilidad de salvar vidas, Chaves le falló al pueblo creyente de Costa Rica, atropelló la fe, la libertad religiosa, la difusión del evangelio, el sonido de la música y los mensajes de esperanza y fe en cada casa de las familias de nuestro país, ¿dónde quedó el gobierno que se decía conservador? ¿Dónde quedaron los principios y los valores que prometieron defender? Los hechos hablan más que las palabras”, cuestionó.
Alvarado agregó que presentó una iniciativa de ley para evitar el impacto negativo a estos medios, y solicitó al Gobierno que sea convocado en estas sesiones extraordinarias.
Por su parte, el candidato del Partido Nueva Generación, Fernando Zamora, alegó que el proceso fomenta la concentración en unos pocos, por lo que solicitó tarifas equitativas.
“Es cierto que las tarifas por el uso de frecuencias están a precios muy bajos, todos entendemos que deben actualizarse, pero lo que está pasando ahora de subir las tarifas anuales y además poner a todos los medios a ofertar en una subasta es un riesgo a la libertad de expresión, porque esta subasta finalmente lo que hará es asfixiar a la mayoría de medios y podría dejar una gran cantidad de frecuencias en manos de unos pocos, precisamente en un momento en que ya a los pequeños medios les cuesta mantenerse al aire, y aquí es donde debemos abrir los ojos, hay intereses en afectar a una parte de los medios grandes pero en ese intento lo que están logrando es que las frecuencias de radio o televisión de menor tamaño, las pequeñas, como las regionales o nacionales con poca audiencia, finalmente no podrán participar de la subasta y deberán cerrar; lo que debemos procurar es una tarifa equitativa”, reflexionó.
Desde el Partido Liberación Nacional (PLN), el candidato Álvaro Ramos cuestionó lo que, a su criterio, constituye un riesgo para la democracia y la pluralidad informativa.
“El Gobierno parece priorizar ingresos antes que la libertad de expresión, esta subasta podría abrir la puerta a un oligopolio y silenciar voces fundamentales para la democracia”, alegó Ramos en su comunicado.
Además, solicitó suspender el proceso hasta después de las elecciones, y garantizar los derechos de los actuales concesionarios, “aplicando concursos solo en los casos donde existan incumplimientos o dictámenes negativos de SUTEL”.
