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Fiscalía preocupada por liberación de acusados de delitos graves tras “interpretación errónea de ley”

by Alejandro Arley

El fiscal general interino, Warner Molina, se refirió a la discusión jurídica que se ha suscitado con respecto a la vigencia de artículos de la Ley N° 8754 Contra la Delincuencia Organizada y bajo los cuales se han fundamentado importantes procesos penales.

La polémica comenzó el 16 de febrero pasado cuando, en una audiencia por el llamado caso Cochinilla, el Juzgado Penal de Hacienda en Goicoechea, consideró como derogado el artículo 2 de la ley del 2009 que permite la declaratoria de un procedimiento especial en casos de crimen organizado.

A partir de esa resolución, se han dado casos de cambios de medidas cautelares que sacaron de prisión preventiva a personas vinculadas a hechos graves.

El conflicto

La ley N° 9481 Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica, de setiembre del 2017, derogó varios artículos de la 8754, sin embargo, en el Ministerio Público tienen la posición de que esas modificaciones no han entrado en vigencia aún.

Molina aseguró que, posteriormente, dos leyes más variaron el plazo de la entrada en vigencia de la ley 9481 y condicionaron su regencia a que se entregaran recursos económicos.

“La última de estas (leyes), publicada el 30 de octubre del 2019, fue la que estableció que la entrada en vigencia será 18 meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación.  Al día de hoy, dicho plazo no ha vencido y tampoco se ha otorgado al Poder Judicial la totalidad de los recursos requeridos”, expresó.

El fiscal general interino aseguró que “el Ministerio Público ha asumido una firme posición de que no existe ningún artículo derogado de esa ley (Contra la Delincuencia Organizada) y que las resoluciones dictadas hasta hoy, a partir de ella, mantienen su vigencia”.

A partir de este contexto, Molina sostiene que dar por derogados los artículos y emitir resoluciones como la liberación de personas acusadas de delitos graves, parten de una “interpretación errónea” de la ley.

Aunque no hizo referencia directo a casos, recientemente trascendió que el Juzgado Penal de La Unión ordenó el cambio de medidas cautelares a personas sospechosas de conformar un grupo delictivo investigado por narcotráfico y hechos violentos. Esto implicó que se les levantara la prisión preventiva o el arresto domiciliario.

Preocupación

Molina aseveró que la liberación de imputados en hechos graves genera preocupación principalmente por los testigos y víctimas de los casos.

Agregó que los fiscales han presentado apelaciones que los Tribunales de alzada acogieron. “Nos han venido dando la razón. Los actos cumplidos con la ley Contra la Delincuencia Organizada del 2009, mantienen su validez y  eficacia”.

Sin embargo,  mientras un proceso de apelación se desarrolla, las personas acusadas tienen medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Observe aquí el mensaje completo del fiscal general interino:

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