«He ejercido mi rol con diligencia, integridad y valentía cumpliendo con convicción social las obligaciones que la ley me confiere», afirmó la funcionaria tras el reciente retiro de su visa estadounidense.
El 11 de diciembre del 2024 diputados oficialistas, el presidente del ICE, Marco Acuña y el viceministro de Ciencia y Tecnología, Orlando Vega, presentaron una denuncia ante la Fiscalía por el llamado caso Huawei.
Las personas denunciadas fueron: Yang Pen, gerente de la empresa Huawei, Ana Sofía Machuca Flores, auditora general del ICE, Douglas Quesada Zúñiga, jefe de la División de Desarrollo y Construcción de la Red y apoderado generalísimo del ICE y los exgerentes de Telecomunicaciones Carlos Mecutchen Aguilar, Jaime Palermo Quesada y Luis Diego Abarca Hernández.
El Gobierno planteó supuestos incumplimientos e irregularidades por parte de la empresa de tecnología, funcionarios y exfuncionarios del ICE.
Noticias Columbia consultó al Ministerio Público qué había sucedido con la denuncia luego del proceso de revisión anunciado el 13 de diciembre.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que tramita el expediente 24-000461-1218-PE, «el cual se encuentra en fase de investigación preparatoria. Esta etapa consiste en la recolección y análisis de pruebas».
«En el caso únicamente figura como imputada una mujer de apellidos Machuca Flores, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y fraude de Ley contra la Hacienda Pública», dice la respuesta.
Los cargos coinciden con los que le atribuyeron los denunciantes de Gobierno y diputados en el extenso documento presentado en diciembre.
Auditora se defiende
El pasado 26 de febrero, a través de la oficina de prensa del ICE, Machuca emitió un extenso comunicado luego de que trascendiera que Estados Unidos canceló su visa de ingreso a ese país.
En el texto, hizo referencia al caso Huawei y se defendió de los señalamientos hechos por la actual administración.
Estos son algunos extractos:
«Declaro que he ejercido mi rol como Auditora General del ICE con diligencia, integridad y valentía, cumpliendo con convicción social las obligaciones que la ley me confiere. Desde 2017 hasta la fecha, he expuesto de manera pública y fundamentada las diversas amenazas que han puesto en riesgo la continuidad de los negocios del ICE, así como su soberanía administrativa y tecnológica, en fiel cumplimiento de mi deber con la transparencia y la rendición de cuentas».
«Declaro que las actuaciones de esta Auditoría Interna a lo largo de estos años se han mantenido independientes de cualquier interferencia externa o política. Hemos ofrecido evaluaciones imparciales y fundamentadas, que reflejan la realidad de la administración pública, a fin de ofrecer garantía de una transparente rendición de cuentas
«En ese sentido igual hemos denunciado e investigado hechos presuntamente irregulares en torno a algunos contratos que se adjudicaron a Huawei, así como los hechos que actualmente se configuran en torno a potenciales contratos relacionados con la tecnología 5G y otros de naturaleza tecnológica, en los que intervienen actores clave como Cisco y Nokia»
En el caso de los contratos en los que se relaciona a Huawei, la auditora afirmó que desde 2017 se han emitido nueve informes de control interno, cuatro informes de Relación de Hechos, seis denuncias penales y cuatro investigaciones activas sobre la materia de Contratación Pública.
«Esta información se ha compartido abiertamente y ha sido confirmada por la misma Contraloría General de la República, quien ha revisado de manera exhaustiva el trabajo que hemos ejecutado. Los casos interpuestos como denuncias penales siguen activos y hemos mantenido las coordinaciones respectivas con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción», detalla.
Con respecto a la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos, Machuca afirmó que «lo más importante que debe ser del conocimiento de la ciudadanía no es la confirmación de una acción intimidante de revocatoria de una visa, sino el grave atentado contra nuestra soberanía y libertad de expresión que esto representa».
«Este tipo de acciones no pueden ni deben normalizarse. Esto debería llevarnos a un estado de alerta instintivo y a cuestionarnos con firmeza qué está ocurriendo realmente detrás de estos hechos, qué intereses están en juego y qué información podría estar siéndonos ocultada», añadió.
