Personas que trabajan con poblaciones migrantes mostraron su preocupación ante el arribo de grupos de deportados desde Estados Unidos hasta Costa Rica.
La presencia de estas personas es posible por un convenio entre ambas naciones. El primer vuelo ingresó a suelo nacional el pasado sábado 11 de abril.
ASIDEHU
El presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), Jhoswel Antonio Martínez, aseguró que les preocupa la forma de actuar del Gobierno y las opciones reales que tienen los migrantes.
«Aunque existen opciones legales, como solicitar refugio o acceder a algún tipo de regularización migratoria, o incluso el retorno voluntario, el problema es que de fondo hay que ver si estas opciones son realmente accesibles a la práctica. Estamos hablando de que son personas que llegan en contextos diversos, muchas veces sin hablar español y sin conocimiento del sistema institucional costarricense, con costumbres totalmente distintas.
Esto genera barreras lingüísticas, barreras culturales reales desde el primer momento, que pueden incluir incluso el comprender los derechos que tienen o qué opciones pueden en ejercer», expresó.
Martínez agregó que el sistema de refugio en Costa Rica sufre una fuerte presión. Esto dificulta aún más la atención de este grupo.
«Hay 318.000 solicitudes de refugio formalizadas del 2018 al 2025 y solo en 2025 se registraron 29.000 solicitudes. Hay que ver que las personas que solicitan refugio tienen que sacar una cita y hay citas programadas hasta noviembre del 2027, por lo que el sistema ya está programado en tema de atención y está en una situación de colapso, no hay capacidad para seguir atendiendo personas.
Que sigan viniendo estas personas migrantes, de grupos de 25 o más, la migración ordinaria que busca protección… puede hacer que el sistema que de por sí ha estado bajo presión y en al borde del colapso colapse totalmente», agregó.
Servicio Jesuita para Migrantes
Por su parte, el director nacional del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, Adam Álvarez Calderón, recordó que estas personas están en un país donde carecen de vínculos o arraigo.
«El primer y más grave problema es el riesgo de devolución indebida. Si una persona huyó de su país, por ejemplo, por persecución política, religiosa, por violencia basada en género u otras causas que ponían en riesgo su vida y llega a un tercer país, en este caso Costa Rica, al ser estas personas expulsadas de Estados Unidos y el gobierno de Costa Rica acepta recibirlas, si no hay una evaluación de forma justa, transparente, sobre la situación de cada persona para determinar si al ser regresada a su país de origen puede correr algún peligro, se está incurriendo en una violación al principio de no devolución, que es una de las normas más básicas del derecho de protección internacional.
En el caso de Costa Rica, en el 2025 hay indicios claros de que esto ocurrió, es decir, de que se violó el principio de no devolución y de que probablemente personas que corrían peligro en su país de origen fueron devueltas sin que hubiese una protección, que el Estado costarricense está en obligación de brindar al aceptar recibir a estas personas», aseguró.
Además, resaltó que la desinformación afecta a los migrantes deportados, por diversas barreras en la comunicación.
«Estas personas llegan sin saber cuáles son sus derechos, qué opciones tienen, cómo pueden ejercer distintas acciones para exigir sus derechos, porque no por ser expulsada de Estados Unidos dejan de tener derechos.
Pensemos, por ejemplo, también en personas que no hablan español, que tienen derecho a tener información clara y comprensible en sus propios idiomas, por ejemplo, para valorar si pueden solicitar refugio en Costa Rica, también para que puedan comprender que no están obligadas a aceptar el llamado «retorno voluntario»… la información a todas estas personas debe ser accesible, comprensible y, desde luego, entregada sin ningún tipo de coacción», añadió.
Centro Internacional de Derechos Humanos Para las Personas Migrantes
La directora del Centro Internacional de Derechos Humanos Para las Personas Migrantes, Gabriela Richard Rodríguez, destacó que se desconoce el campo de acción real que tendrán las autoridades costarricenses.
«Nos preocupa la capacidad instalada que tiene la institucionalidad, en este caso la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), para poder gestionar las solicitudes de refugio. No solo la DGME, sino también otras instituciones que son importantes en el abordaje integral de estas personas que no es su interés estar en Costa Rica porque estaban en Estados Unidos y muchas de ellas no pueden regresar a su país de origen.
Entonces, la clave es poder tener claridad y que haya un proceso de transparencia en relación a la situación de estas personas. Confiamos en que pueda ser así; sin embargo, todavía hay una serie de dudas y nos preocupa, sobre todo, la capacidad instalada que tiene las diferentes instituciones responsables de poder ejecutar e implementar una política migratoria, la cual Costa Rica tiene», dijo.
Richard Rodríguez agregó que se debe de asegurar una serie de derechos y compromisos para poder atender a personas en condición migratoria.
«Es importante también tomar en cuenta, en todos los procedimientos, que no se limita nada más a temas administrativos, sino también que se requieren garantías concretas, sustentadas en planificación, protocolos claros, los recursos suficientes y, por supuesto, la coordinación con las diferentes instituciones y también actores de la sociedad civil y organismos internacionales que pueden también a apoyar a esta gestión», agregó.
