Académicos de la UNED señalan la necesidad de establecer filtros de control y supervisión sobre la inteligencia estatal.
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa recibió en audiencia a funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) para conocer si el exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica, denunció amenazas en su contra o si informó a la institución sobre esa situación.
Tras esta comparecencia, y otras en las que ha participado la DIS, surgen dudas sobre las funciones y la operatividad de este órgano de seguridad.
La directora de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, explicó que la institución tiene a su cargo la detección de amenazas nacionales e internacionales que puedan poner en riesgo la estabilidad del país. Estas amenazas incluyen temas de seguridad alimentaria, efectos del cambio climático, salud pública, migraciones masivas, terrorismo y otros factores. Según dijo, el rol de la DIS es informar al Poder Ejecutivo para que se tomen las decisiones correspondientes.
Por su parte, el criminólogo y director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, Rodrigo Campos Cordero, señaló que la DIS trabaja en asuntos relacionados con la integridad territorial, la institucionalidad del país y la protección de principios como la democracia y el estado de derecho. Indicó que, aunque la ley establece un marco técnico y especializado, el secretismo en torno a la entidad dificulta conocer con claridad su labor. También recordó que existe un antecedente político que la ha vinculado con intereses ajenos a la seguridad nacional.
Jiménez subrayó la importancia de contar con una ley específica para la inteligencia de seguridad, que establezca filtros de control y mecanismos de supervisión, tal como ocurre en otros países. En su criterio, un eventual cierre de la DIS podría afectar gravemente la seguridad nacional, ya que sus funciones no podrían trasladarse a otras instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública o el Organismo de Investigación Judicial, que cumplen labores distintas.
En el Congreso, algunos diputados han expresado su apoyo al cierre de la institución. Incluso, el Partido Frente Amplio presentó un proyecto de ley con ese fin. Entre los legisladores que respaldan la iniciativa figuran Cinthia Córdoba y Manuel Morales.
