Falta de información sobre alcance de acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos, así como forma de atención a personas en el país son parte de los cuestionamientos.
Académicos expertos en migración, consultados por Noticias Columbia, cuestionan el secretismo alrededor de la llegada de deportados al país.
El catedrático de la Universidad de Costa Rica, Carlos Sandoval, así como la investigadora de la Universidad Nacional, Cynthia Mora, lamentaron la forma de actuar del Ejecutivo en esta situación.
Opacidad
Sandoval señaló que se desconocen los alcances reales de los acuerdos de Estados Unidos con otros países, como Costa Rica.
«En realidad, lo que se supone son acuerdos entre el gobierno de los Estados Unidos y los terceros países no están a la exposición del público; es decir, estos acuerdos o memorándums no se conocen. Es el caso mismo del memorando que, supuestamente, firmaron autoridades de los Estados Unidos y del gobierno de Costa Rica. Es decir, hay una gran opacidad alrededor de estos acuerdos», indicó.
A esto se suma el desconocimiento sobre el estatus migratorio en el que se encontrarán los migrantes en suelo nacional.
«Por una parte, se supone que van a ser trasladados o trasladadas a su país de nacimiento, pero no está claro cómo se va a hacer. Entonces, mientras estén acá surge la gran disyuntiva de si se les puede permitir vivir donde ellos o ellas deseen, y si se les permite elegir dónde vivir acá con apoyo económico provisto por los Estados Unidos, surge la pregunta de si ya el gobierno de Costa Rica les habrá otorgado algún estatus migratorio que les permita la libertad de movimiento.
Es decir, este mecanismo del tercer país es profundamente contradictorio, ambiguo, difuso y solo agrega más dificultades a las políticas migratorias impuestas por los Estados Unidos», añadió.
Falta de responsabilidad
Cynthia Mora hizo énfasis en la cantidad de costarricenses que han sido deportados desde Estados Unidos.
«Llama la atención que, en comparación a la vez pasada, es un grupo más pequeño, pero también es llamativo que venga una persona costarricense deportada en el grupo. Es realmente muy evidente esa necesidad de Estados Unidos de sacar a las personas en estado irregular de su país, no importa la nacionalidad y, de alguna manera, aprovechando que se manda a Costa Rica ciertos grupos de migrantes, entonces de una vez enviémosle a este a esta persona costarricense deportada», expresó.
La académica consideró que el actuar del Gobierno ha sido irresponsable.
«En el caso de estas personas tienen libertad de moverse por el país y demás, porque tendrán ciertos beneficios migratorios, pero realmente esto no funciona así tan fácil, porque estas personas, por ejemplo, algunas son de países que no hablan español: Albania, China… que entonces tampoco es que se les da una posibilidad de que se muevan del país como quieran.
Van a estar acompañadas por la Organización Internacional de Migraciones (OIM), pero realmente la esfera legal que acompaña estas decisiones y este manejo que se va a dar a este grupo es muy complejo porque ellos son enviados de manera forzosa a Costa Rica y realmente algunos puede ser que se devuelvan, o no, a sus países de origen», aseguró.
Mora agregó que «hay que tomar con mucho cuidado el tema porque realmente esta no es una decisión responsable del país, en términos de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes».
Solicitud de la Asamblea Legislativa
Ante este panorama, y las preocupaciones propias de la Asamblea Legislativa, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Monserrat Ruiz, aseguró que aumentarán la vigilancia sobre el tema.
«Mi principal preocupación es la falta de transparencia y de planificación clara por parte del gobierno. Ya con los grupos anteriores vimos que estas decisiones se toman sin suficiente información pública sobre los alcances reales del acuerdo, los costos para el país y los mecanismos de control y seguimiento. Costa Rica es un país solidario en efecto y debe garantizar un trato digno y también respetuoso de los derechos humanos.
Eso no está en discusión, pero también tiene la obligación de proteger su institucionalidad, su seguridad y el uso responsable de los recursos. Aquí hay decisiones como la flexibilización de requisitos migratorios, por ejemplo, que nos generan dudas legítimas, especialmente en el contexto donde el país está enfrentando serios retos en materia de seguridad.
Una cosa es la cooperación internacional y otra muy distinta es convertir a Costa Rica en un depósito de seres humanos, sin reglas claras, sin transparencia y sin rendición de cuentas. Desde la Asamblea Legislativa, lo que corresponde es ejercer el control político y exigir la información clara y detallada al Poder Ejecutivo», aseveró.
