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Exdirector de Servicio Civil: No se tiene que ‘endiosar instituciones’ porque en realidad están ahí para dar un servicio

by Alberto Zamora

El experto en materia de empleo público, José Joaquín Arguedas, conversó con Evelyn Fachler en el programa Por Tres Razones para hablar del reciente fallo de la Sala IV sobre el proyecto Ley Marco General de Empleo Público.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Sora Shimazaki – Pexels.

En el programa Por Tres Razones de Noticias Columbia, el exdirector de Servicio Civil, José Joaquín Arguedas, se refirió al fallo de la Sala IV sobre el proyecto Ley Marco General de Empleo Público (21.336). En relación a este, el experto describió que tras el fallo hay lo que describe como “luces” y “sombras”.

 

SOMBRAS Y LA SITUACIÓN FINANCIERA

“Según datos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nosotros nos estamos comiendo la mitad de los ingresos en los salarios del sector público”, comentó Arguedas sobre el preocupante panorama en el cual se está discutiendo el proyecto de ley.

“Eso significa el doble de la media de todos los países de la OCDE”, agregó calificando de preocupante que la deuda de Costa Rica como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ronda el 70%.

 

DEBILITACIÓN EN EL PROCESO

En relación al fallo de la Sala Constitucional y los puntos que calificó como inconstitucionales, Arguedas subrayó que el proyecto que se votó en el primer debate en la Asamblea Legislativa “ya estaba terriblemente afectado”.

“Queda sumamente debilitado para enfrentar todo lo que viene ahora ante la misma Sala Constitucional, ante los contenciosos y como ya anuncian algunos sindicatos, llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, agregó.

El experto apunta al rol que ha tenido el segundo vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, quien fue sindicalista en el sector de educación.

 

ASPECTOS SALARIALES

En cuanto a la posibilidad de que exista algún tipo de salario global limitado en el aparato estatal, Arguedas señaló que la misma Sala IV produjo una votación ajustada.

“Todos los aspectos de la unificación salarial o del famoso salario global hay que recordar que esa parte la Sala la votó con una votación 4 a 3”, observó.

“La jurisprudencia de la Sala vale para todo mundo menos para sí misma. Entonces cuando venga una nueva votación, con solo que cambie un magistrado, puede caerse todo lo relacionado con los salarios porque la votación está sumamente ajustada,” agregó.

Ante tal balance, Arguedas menciona que a “la clase social que implica ser abogado laboralista y abogado administrativo, que gana mucho dinero en juicios por el Estado, ya está preparada para ‘bombardear’ toda esta cuestión”, manifestó.

Otro punto que provoca interrogantes es qué pasaría con los salarios de algunas instituciones que superan al del presidente de la República.

“En razón de salarios y cosas de esas cuando le preguntan ¿qué va a pasar para la Corte? no sé, no nos han preguntado”, parafraseó el experto.

El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, estuvo en el programa Por Tres Razones del 5 de agosto y ante la consulta en relación a la fijación de un salario global, el magistrado contestó lo siguiente:

“Lo que pasa es que en este caso el tope se consultó únicamente con los funcionarios universitarios. En el proyecto de ley el tope aplica para todos. La Sala considera que en relación con los funcionario universitarios, ese tope por mayoría es una decisión 4 a 3, considera que sí es constitucional que haya un tope”.

“Pero la Sala como en las consultas de constitucionalidad solo evacúa lo consultado, en este caso, no hace referencia a los otros poderes. Ni a la CCSS, ni a las municipalidades. No porque la Sala esté validando el estatus quo actual, ni esté validando lo que establece el proyecto., simplemente la Sala no emitió criterio”.

https://www.youtube.com/watch?v=FdHsyUqvmQs

INTERPRETACIÓN SOBRE INCONSTITUCIONALIDADES

El exdirector de Servicio Civil considera que la raíz del problema se remonta a décadas de una interpretación errónea de lo que dice la propia Constitución Política.

“Esta es la misma historia que viene desde 1949. Si hubiera sinceridad en esto, uno diría. Pero si todo está ahí en la Constitución. El artículo 191 de la Constitución Política dice que un estatuto de Servicio Civil regulará las relaciones. Uno”, subrayó Arguedas.

“Un estatuto de Servicio Civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos. Cuando se emite el estatuto cambian la palabra ‘Estado’ por ‘Poder Ejecutivo’. Cuando se lleva a la Sala Constitucional cuarenta años después, mire pero eso es inconstitucional”, insiste Arguedas.

La Sala IV no fue creada hasta 1989 en la administración Arias Sánchez (1986-1990), para especializarse en evacuar dudas constitucionales y el experto insiste en que no hay que ser un letrado para llegar a sus conclusiones.

“No hay que ser abogado ni tener un doctorado para eso. Pero si simplemente la respuesta es ‘ya no, ya eso está caminando así, así lo dejamos’; por eso se devuelve a la Asamblea Legislativa para que arreglen los errores supuestamente técnicos que tiene el proyecto”, criticó.

 

POCAS LUCES

De las “luces”, Arguedas apunta al hecho de que se admitiera la posibilidad de que exista un salario unificado “es importante” a pesar de que aún se mantienen múltiples interrogantes.

Costa Rica está en una situación que describe como “corporativismo peligroso” expresando que “al final las altas jerarquías actúan como un sindicato”.

“No se tiene que ‘endiosar instituciones’ porque en realidad están ahí para dar un servicio muy bien pagadas. Mientras que al resto de la ciudadanía no le va tan bien, en un país donde el 40% trabaja de manera informal y donde la pandemia tiró a la calle a cerca de 200.000 personas o más”, agregó.

Puede ver la entrevista completa con el exdirector de Servicio Civil, José Joaquín Arguedas en el programa Por Tres Razones en nuestro canal de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=LCA_QwL-SuI

Lea más: Exdirector de Servicio Civil: propuesta actual de Thompson y Muñoz no resolvería situación del empleo público

 

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