La investigación del caso Pista Oscura es la más reciente que involucra a figuras del Poder Ejecutivo.
“Pista Oscura” se une a una lista de casos donde el Poder Judicial inició investigaciones, algunas con allanamientos, por presuntos delitos cometidos por jerarcas o figuras que estuvieron ligadas al Gobierno, incluyendo al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
En al menos uno de ellos, incluso se dio la detención de funcionarios nombrados por el Poder Ejecutivo.
Uno de los casos más recientes que ha sacudido Casa Presidencial se dio el mes pasado.
La Fiscalía General de la República acusó a Chaves y al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, por el supuesto delito de concusión, debido a la presunta firma irregular de un contrato con fondos recibidos de parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al productor audiovisual, Christian Bulgarelli.
En esa oportunidad, el mandatario atacó de persecución política al fiscal general, Carlo Díaz, quien por su parte negó intereses detrás de las investigaciones.
A inicios de año, en enero, el fiscal general abrió una investigación en contra de Chaves, así como de otros miembros del Gobierno, como el vicepresidente, Stephan Brunner; el canciller de la República, Arnoldo André y los diputados Waldo Agüero y Luz Mary Alpízar por aparentes irregularidades en el financiamiento del Partido Progreso Social Democrático en las elecciones del 2022.
Los funcionarios se exponen a una serie de sanciones por aparentes delitos electorales.
El presidente optó por bajarle el piso al informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) bajo el cual se basa la investigación, mientras que el jefe de Despacho de la institución, Andrei Cambronero, negó parte de lo señalado por el mandatario.
El caso Barrenador ha sido uno de los más mediáticos, ya que derivó en la detención de la entonces presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, así como los directivos nombrados por el Estado, Jorge Porras y María Isabel Camareno, en setiembre del año anterior.
La investigación se da por los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública en una adjudicación de 138 ebais a un grupo de cooperativas, con aparentes sobreprecios.
En ese momento, Chaves realizó una conferencia de prensa para defender a Esquivel y cuestionó los procedimientos mediante los cuales fue detenida. Por su parte, el director del OIJ, Randall Zúñiga, negó que exista una politización de la justicia.
También en setiembre del 2024, se dieron una serie de allanamientos en el Ministerio de Salud por el cierre del Parque Viva.
En dicho caso se abrió una investigación en contra del presidente Chaves; la exministra de Salud, Joselyn Chacón y el exjerarca del MOPT, Luis Amador, por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de la autoridad.
El mandatario cuestionó las razones del Ministerio Público para realizar estos allanamientos, mientras que el fiscal Díaz aseguró en una entrevista con CNN que este caso dio origen a las críticas de Chaves a su gestión.
La Fiscalía General también abrió una investigación en la que figura el presidente Chaves y el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, por el presunto delito de tráfico de influencias debido a una supuesto serie de permisos a un empresario de apellidos Pacheco Dent para explotar una finca en Gandoca Manzanillo.
De manera irónica, el mandatario cuestionó a quienes señalaron esto como un ataque al ambiente.
Por su parte, el diputado frenteamplista, Ariel Robles, le contestó y aseguró que hubo un impacto negativo contra el refugio de vida silvestre.
