Noticias Columbia conversó con abogados de ambas instituciones sobre cómo se desarrollan las investigaciones a sus funcionarios.
Investigaciones a funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) pueden tardar hasta seis meses, según el asesor legal de la presidencia ejecutiva de la institución, Jose Alonso Chaves.
El tema surge a raíz del trámite que le dieron funcionarios del PANI y la fiscalía al caso de la bebé de 9 meses sustraída y su madre, una menor de edad, lo que llevó a la apertura de indagaciones a lo interno de estas entidades.
Investigaciones a lo interno del PANI
En entrevista con Noticias Columbia, Chaves explicó cómo funcionan los procedimientos contra funcionarios que incumplen en sus deberes.
Chaves indicó que las investigaciones contra los trabajadores de la institución proceden cuando el funcionario incumple la normativa y se genera un perjuicio para el servicio público y/o las personas menores de edad.
El procedimiento se divide en dos partes: una investigación preliminar de la que deriva un informe, y la apertura del procedimiento, donde los implicados pueden defenderse con ayuda de un abogado.
El establecimiento del procedimiento está a cargo de la presidencia ejecutiva del PANI.
Si se determina que hay alguna responsabilidad por parte del funcionario, este se expone a sanciones como una llamada de atención escrita, la suspensión sin goce de salario hasta por 15 días y el despido sin responsabilidad patronal, dependiendo de la gravedad del asunto, según explicó Chaves.
Aunque la Ley General de la Administración Pública (que rige el procedimiento) determina como tiempo de tramitación un mes, es posible que hayan atrasos de hasta seis meses, según explicó el asesor legal.
Dentro de esas situaciones particulares que pueden retrasar el proceso puede hablarse de incapacidades o de complicaciones en la notificación de los involucrados.
El asesor explicó que hay confidencialidad en el procedimiento. “Ahorita nos cuestionan por qué no se da información a la prensa, no es una cuestión de no querer dar información, sino que nos debemos a un tema de principio de legalidad”, indicó Chaves.
El caso de los funcionarios judiciales
En el Poder Judicial, dependiendo de la rama, los funcionarios son investigados en la Inspección Fiscal o en la Inspección Judicial.
La Unidad de Inspección Fiscal se encarga de las investigaciones a los trabajadores del Ministerio Público.
El fiscal adjunto de esta Unidad, Jose Marcos Campos, explicó a Noticias Columbia cómo se tramitan estas investigaciones, que suman a la fecha 168 quejas.
La queja la puede presentar una persona usuaria, o puede iniciarse de oficio. Cuando se determina la probabilidad de una falta, se abre el procedimiento administrativo.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el trámite se debe dar en el plazo de un año.
Dentro de las sanciones que se pueden imponer al responsable está la advertencia, una amonestación escrita, hasta 15 días de suspensión sin goce de salario y la revocatoria del nombramiento.
Si la investigación recae sobre otros funcionarios del Poder Judicial, se traslada a la inspección judicial, según explicó Campos.
La Jefa del Tribunal de la Inspección Judicial, Estrellita Orellana, identificó que se investigan acciones que van contra la “buena administración de justicia”, donde hay negligencia, acoso laboral u hostigamiento sexual.
Orellana señaló también que la tramitación del caso en la Inspección Judicial puede tardar un año, por la LOPJ.
Dentro de las sanciones a las que se exponen los funcionarios judiciales están la amonestación escrita, suspensión sin goce de salario y la revocatoria del nombramiento.
