Tres funcionarios de Recope están entre los investigados por presunta colaboración con el delito. OIJ vincula a uno de los grupos con empresario conocido como «Macho Coca».
650 agentes del OIJ realizan los operativos con el fin de desarticular a tres bandas presuntamente dedicadas a sustraer gasolinas, diésel y combustible de aviación (Jet A-1) de las líneas de Recope.
El primero de los casos se remonta a febrero del 2023, cuando la entidad presentó una denuncia al notar «un alarmante incremento en las tomas ilegales de combustible en varias comunidades de Turrialba».
Según la investigación, dos agrupaciones conformadas por personas entre los 20 y 45 años operaban durante las noches y madrugadas para evitar ser descubiertos.
«Durante la investigación, se intervinieron más de 80 tomas ilegales, se decomisaron 15 camiones y miles de litros de combustible robado. Además, el perjuicio económico es considerable, ya que entre el 2023 y 2024 este se calculó en aproximadamente ₡708,4 millones. Sin embargo, el daño no solo fue económico, ya que estas organizaciones también causaron graves afectaciones ambientales en la zona», dice el reporte.
El segundo caso fue denunciado en marzo del 2023, luego de que la Administración de Recope notara que había «una diferencia considerable entre la cantidad de combustible que se recibía de los barcos y la que llegaba a los tanques». El perjuicio económico se estima en ¢5.000 millones.
«Entre los sospechosos de participar encuentran tres funcionarios de Recope, quienes, al parecer, facilitaban información clave para la sustracción de combustible. Por ello, las terminales de Moín y El Alto, así como el edificio Hernán Garrón fueron allanados para recolectar información clave para la investigación», detalló la institución.
Forma de operar
En el caso de Limón, el OIJ informó que, en apariencia, al menos tres funcionarios de la institución, así como un empleado de una empresa privada que brinda servicios a Recope, estaban colaborando con al menos tres grupos criminales para que se cometiera dicho delito.
«Se logró documentar que supuestamente, en una finca que pertenece a la entidad gubernamental, así como en diferentes propiedades en el sector de Moín, al parecer se había realizado la instalación de tomas ilegales en el poliducto que se ubica entre la línea marítima de Recope y los barcos petroleros».
«Desde ese punto se realizaba la extracción de los combustibles a estos inmuebles, donde posteriormente era vertido en recipientes como pichingas, estañones y tanquetas, para finalmente trasladarlo a otras zonas por medio de autobuses, vagonetas, vehículos livianos, camiones, entre otros», menciona el reporte de la Policía Judicial.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, indicó que uno de los grupos está vinculado a un empresario de apellido Bell, conocido como «Macho Coca», quien actualmente descuenta prisión preventiva por un caso de presunto robo de combustible. En octubre, cuando fue detenido, su abogado afirmó que su representado no incurrió en los delitos que le atribuyen.
En cuanto a la investigación en Turrialba, al parecer el grupo tenía diferentes tomas ilegales en el poliducto que va desde Limón a Puntarenas, con el fin de sustraer combustibles de tipo gasolina, diésel y jet A-1, para posteriormente comercializarlo de manera clandestina.
