Una iniciativa del Frente Amplio, en conjunto con organizaciones sindicales, pretende que se realice una reforma constitucional para obligar al Estado a pagar su deuda con la CCSS.
La propuesta para elevar a rango constitucional el pago de lo que el Estado le debe a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), genera algunas dudas sobre su efectividad.
Según datos presentados por el Frente Amplio y otras organizaciones afines a la institución, esta deuda asciende a cerca de 3.8 billones de colones.
Para la expresidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz, esta iniciativa constituye un esfuerzo para obligar al Estado a poner al día su morosidad con la institución; sin embargo, no asegura que en la práctica esto vaya a ocurrir.
«Ese sería un mecanismo en el que se está buscando que esa deuda no quede escrita solamente en papel. La efectividad que podría tener tener eso en el futuro; sin embargo, me deja a mí la duda, puesto que en el caso de la educación se subió el porcentaje de contribución del Estado para la educación a rango constitucional y ese no se cumple. La diferencia es que aquí es la deuda, no es la contribución en cada ejercicio presupuestario. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que se estaría buscando darle una fuerza de ley, a rango constitucional, para que eso sea más obligante. Eso también tiene la implicación, de lograrse, es que si el Estado no cumple con eso, entonces estaría entrando en un incumplimiento de carácter constitucional», mencionó Sáenz.
La exjerarca de la Caja señaló que ha sido evidente el aumento de la deuda durante los últimos años y su repercusión en la calidad de los servicios de salud.
«No hay una inversión en infraestructura, hay dificultades para resolver las listas de espera, no se aborda el tema de los especialistas en una forma integral. Ya con los recursos disponibles, yo diría que no habría pretexto para no darle solución a estos temas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Las personas en sus comunidades se quejan porque llegan a las citas y no logran un tiempo de atención como el que ellos esperan. Por el otro lado, los profesionales de la salud también se sienten un poco frustrados de ver que no está en manos de ellos resolver el problema. Este es un problema estructural que requiere una solución estructural y me parece que eso es lo que están buscando con este proyecto», agregó Sáenz.
El abogado constitucional, Marvin Carvajal, habló sobre la obligatoriedad para el pago de la deuda por parte del Estado.
Según el experto, ya existe un deber del Poder Ejecutivo para honrar sus obligaciones con la Caja a nivel de la Constitución Política, el cual se ha venido incumpliendo.
«Una reforma de esa naturaleza, aunque tenga un valor simbólico relevante, me parece que es innecesaria, ya que la Constitución ya obliga al Estado a dotar a la Caja Costarricense de Seguro Social de las rentas necesarias para el buen funcionamiento de sus servicios. Si el Estado no lo hace, si el Estado entra en una deuda, el Estado incumple la Constitución, ya lo hace hoy en día, de manera que no me parece necesario reformar la Constitución con esa finalidad. Me parece que se debe dar un cumplimiento y se debe exigir ese cumplimiento a las autoridades del Poder Ejecutivo. Me parece que, si no lo hacen, incurren en una omisión en constitucional que es claramente reprochable en nuestro sistema constitucional», explicó el abogado.
Finalmente, Carvajal se refirió al incumplimiento que ha existido en otras disposiciones constitucionales, como el pago del 8% del PIB para educación.
«No cabe duda que hemos tenido algunas experiencias complejas, como el porcentaje que se debe dedicar a la educación pública a partir del producto interno bruto; sin embargo, la verdad es que este monto de inversión en educación se fue incrementando paulatinamente hasta un determinado momento, en que comenzó a decrecer y estamos, en este momento, en uno de los niveles más bajos de cumplimiento de esa norma. Lo cierto es que se critica, en algunas ocasiones, que más dinero no significa mejor calidad de la educación. Mi respuesta para ello es que no significa mejor calidad de la educación porque no se administra correctamente, porque no se administra eficientemente y eficazmente. Con más recursos, cualquier empresa que produzca algo, un bien o un servicio, de manera eficiente, pues va a producir más y va a producir mejor, de manera tal que lo que lo que se requiere es que nuestras instituciones estén en capacidad de hacerlo de manera adecuada», añadió el constitucionalista.
