La superintendente de SUGEF y SUPEN, Rocío Aguilar, cuestionó los efectos de la Ley de Usura en el acceso a crédito por parte de algunos consumidores financieros.
La superintendente general de Entidades Financieras y de Pensiones, Rocío Aguilar, brindó este martes su conferencia final con el cierre de labores al frente de estas dos superintendencias, a pocos días de que finalice su mandato en ambas.
Pese a que su nombramiento estaba programado hasta el próximo mes de abril, la jerarca decidió dejar su cargo tanto en SUGEF como en SUPEN a partir del 31 de diciembre de este año.
Durante su exposición, Aguilar se refirió a la actualidad del sistema financiero nacional, luego de un 2024 marcado por intervenciones a dos entidades financieras, Coopeservidores y Desyfin.
Según la superintendente, los números del año apuntan a un sistema sólido, con instituciones que superan el índice de suficiencia patrimonial, el cual mide la fortaleza del capital de cada entidad.
«La conclusión es que, al cierre de octubre y prevemos que va a ser todavía mejor al cierre de diciembre, el sistema financiero es un sistema financiero sólido con holgada liquidez y un balance favorable, con los colchones y las estimaciones necesarias para poder enfrentar parte de los riesgos a nivel de solvencia. El indicador de suficiencia patrimonial del sistema concluye casi en el doble del límite regulatorio del 10% que todavía conserva Costa Rica, en contraposición con mercados internacionales cuyo límite es del 8%. Este es un indicador muy relevante, que se publica desde el año pasado y que requiere, cada vez, un mayor nivel de educación porque algunos pseudoanalistas utilizan de una forma incorrecta el significado de este índice, sobre todo aún en entidades que superan en mucho el mínimo regulatorio con toda clase de especulaciones. Es un indicador muy importante», mencionó Aguilar.
La jerarca de las superintendencias también se refirió a los desafíos que enfrenta el sistema financiero en la actualidad.
Para Aguilar, existen una serie de afectaciones producto de la aplicación de la Ley de Usura.
«En el caso del sistema financiero, tenemos desafíos importantes. La dolarización del sistema financiero, el impacto de tasas, inflación y todo lo que son macroprecios en el sistema financiero, la necesidad de continuar fortaleciendo el gobierno corporativo, de trabajar en los planes de resolución, de la ley misma de resolución, el sobre endeudamiento y la educación financiera. La ley de usura, si bien tenía un objetivo loable, lo que implicó fue la salida de personas que estaban bancarizadas y, lamentablemente, son personas que se tuvieron que ir a otros mercados, que son mercados irregulares, que se conocen como gota a gota. Además, generó realmente un problema importante en el sector cooperativo», aseguró la superintendente.
Finalmente, la jerarca también hizo un balance sobre lo que ocurre con los sistemas de pensiones en el país.
Aguilar detalló que, a partir de abril, se ejecutará un cambio mediante el cual se dividirá a la población en cuatro grupos, según año de nacimiento, para dividir las inversiones de los fondos de pensión y así evitar riesgos para las personas mayores y buscar mejores rendimientos para los jóvenes.
Según la superintendente, ha habido un crecimiento en las utilidades, luego de un 2022 donde hubo críticas al sistema.
«Todos estos activos que administra el Sistema Nacional de Pensiones superan el 50% del PIB y han crecido, en los últimos cuatro años, un 48%. Ahí tenemos el efecto, por supuesto, del año 2022, donde por valoración hubo una caída importante en el valor de esos activos. Es una buena noticia, desde el punto de vista del ahorro nacional. Ese activo administrado por los diferentes regímenes, hoy día es de 25.3 billones de colones. El 91% está en inversiones que son inversiones que van creciendo, precisamente, para la desacumulación y un 8% entre cuentas por cobrar, recuerden que la Caja hace préstamos, el magisterio también y una cuenta por cobrar al Gobierno en el campo de pensiones», añadió la jerarca.
