La acusación presentada por la Fiscalía contra el presidente de la República por una presunta contratación “hecha a la medida” causó reacciones en la Asamblea Legislativa.
La acusación presentada por la Fiscalía contra el presidente de la República y el actual ministro de Cultura por una presunta contratación “hecha a la medida” resonó entre los diputados.
Según sostiene la Fiscalía, se obligó al productor Christian Bulgarelli a otorgar un beneficio patrimonial de 32 mil dólares a Federico Cruz, conocido como “Choreco”, para la compra de una casa, a partir de una contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La primera reacción vino del mismo oficialismo, en la cual la jefa de fracción, Pilar Cisneros, cuestionó al Poder Judicial.
“Otro intento más del fiscal mentiroso de involucrar al presidente Chaves en algo que él no tuvo nada que ver, ¿quién fue el que lleva a Cristian Bulgarelli a Casa Presidencial? La entonces ministra de comunicación. ¿Quién era el amigo de Cristian Bulgarelli? La entonces ministra de comunicación. ¿Conocía el presidente Chaves a Cristian Bulgarelli? No. ¿Cómo entonces iba a pretender favorecer a alguien que ni siquiera conocía? A ver, si ahí hay un delito, hay un delito entre la ministra de comunicación y Christian Bulgarelli, que sabía perfectamente que la ministra le había pedido hacer el cartel y que él iba a ser el beneficiado. ¿Qué tiene que ver el presidente Chaves en esto? Absolutamente nada”, cuestionó.
Desde el Partido Liberal Progresista (PLP), consideran que el presidente de la República está llamado a dar el ejemplo.
Por este motivo, el jefe de fracción, Diego Vargas, espera que se levante la inmunidad y se proceda a investigar.
“Hoy nos damos cuenta de una acusación formal que está haciendo la Fiscalía General de la República al presidente Rodrigo Chaves por un caso serio de corrupción, donde abusando de sus funciones benefició, en teoría, a alguien cercano; creemos nosotros fielmente que el presidente Rodrigo Chaves debe dar el ejemplo, como primer ciudadano de este país, y renunciar a su inmunidad y en caso que no lo haga nos va a llegar aquí a la Asamblea Legislativa ese levantamiento de la inmunidad, yo como diputado puedo decir que yo la apoyaría y esperaría que se tengan los 38 votos para que él mismo enfrente un caso como lo haría cualquier ciudadano de este país”, aseveró.
Desde el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la diputada Vanessa Castro recordó lo que había sucedido en la Comisión investigadora de las contrataciones del SINART.
La legisladora presidió ese órgano, y detalló algunos de los hallazgos que se ubicaron en las sesiones.
“En varias ocasiones habíamos oído algunos adelantos de lo que podrían ser hechos considerados no tan claros en lo que corresponde al uso de los dineros que el Banco Centroamericano giró al gobierno de la República, ese millón de dólares de los cuales 400.000 fueron destinados a publicidad y que hoy pues encontramos un posible hecho delictivo que tiene que ser investigado; evidentemente aquí la fiscalía se tomó su tiempo porque entre la comisión y este tema ha transcurrido buen tiempo y la fiscalía se tomó su tiempo para delimitar el tema, pero bueno, yo siempre pienso que es importante el tema de investigar y llegar a esclarecer la verdad real de los hechos”, señaló.
El levantamiento de la inmunidad que se pide desde la Fiscalía cuenta con el apoyo de la fracción del Frente Amplio, según el jefe de bancada, Antonio Ortega.
El legislador hizo un recuento de algunas situaciones que, considera, han llevado a que se investiguen los actos.
“Si el presidente Chaves tiene aún un poco de dignidad y un poco respeto por el cargo y un poco de respeto por la gente que votó por él, debería pedirnos a los diputados que le levantemos la inmunidad y ponerse a las órdenes del Ministerio Público, lastimosamente parece que eso no va a pasar y, por el contrario, todo indica que todo el show y todo el performance que venía construyendo el presidente Chaves en contra del Poder Judicial y en contra del fiscal, que podemos estar de acuerdo o no con el Poder Judicial en muchas sentencias y que podemos señalar también muchas de sus debilidades y de injusticias, no se vale usar ese sentimiento genuino que puedan tener los costarricenses por una justicia pronta y cumplida para construirse una supuesta persecución política en su contra, cuando lo que está en el fondo son posibles actos de corrupción, posibles delitos penales de todo tipo desde la campaña política hasta cómo ha ejercido la presidencia de la República”, indicó.
