Moción del legislador liberacionista, Danny Vargas, pretendía establecer un máximo del 10% como incentivo para jueces y fiscales en nueva jurisdicción especial.
El Plenario Legislativo discutió las primeras mociones del proyecto de ley sobre crimen organizado, bajo el expediente 23.090.
En total, dos diputados del Partido Liberación Nacional, Danny Vargas y Carolina Delgado, presentaron más de 500 mociones sobre esta propuesta.
Para la legisladora del Partido Nueva República, Gloria Navas, esto se hizo “de mala fe” y con el único fin de retrasar la discusión.
“En esta lucha que es fundamental para cada uno de nosotros y nuestras familias, se nos han presentado más de 500 solicitudes de atraso en este movimiento. Existen dos señores diputados, y lo digo con todo respeto, del PLN, porque no es todo el PLN, que lo está haciendo, que se han dedicado a retrasar este procedimiento con mociones repetitivas, con mociones que reiteran lo mismo, con mociones que pretenden únicamente retrasar”, manifestó Navas.
Una de las mociones, presentada por el liberacionista Danny Vargas, tenía como objetivo poner un tope, del 10%, al incentivo que recibirían los jueces que formarán parte de la jurisdicción especial sobre crimen organizado, los cuales pasarían a ganar más que los jueces que ven casos en la vía ordinaria.
Según Vargas, el incentivo es importante debido a los riesgos en materia de seguridad que podrían tener estos jueces, sin embargo, aseguró que es necesario poner un tope, ya que, en caso contrario, no irían acorde a la política de contención del gasto.
“Les estoy proponiendo que la redacción diga que sean los jueces y fiscales quienes devengarán un incentivo salarial respecto a los demás jueces y fiscales de la misma categoría, el cual no podrá ser mayor al 10%. Esto es algo meramente administrativo que les pido considerar. Esto en vista de varias razones de presupuesto y una de ellas es, por ejemplo, que la Corte se ha quejado históricamente de reducción, de sanear sus finanzas, pero si no les ponemos tope, puede ser que esta jurisdicción venga a ser como echarle agua a canasto al no estar limitado”, explicó Vargas.
Sin embargo, la diputada Gloria Navas mencionó que en temas salariales es necesario que sea la propia Corte Suprema de Justicia la que defina sus topes.
“Esos jueces tienen una posición totalmente superior a los comunes y corrientes. Se está hablando de un 10%. Esto tiene que haber pasado por Recursos Humanos. Me parece que nosotros no tenemos facultades aquí para estar variando los salarios, cuando eventualmente los salarios están fijados de acuerdo con las sumas que va a recibir la Corte Suprema de Justicia en relación con la nueva jurisdicción, de tal manera que, me parece a mí, nosotros no tenemos por qué tener que meternos con el tema de los salarios”, aseguró la legisladora de Nueva República.
Finalmente, la liberacionista Carolina Delgado defendió la moción debido a que, según ella, los jueces de la vía ordinaria igualmente verán casos de crimen organizado y no verían una retribución económica.
“El proyecto determina que los casos de crimen organizado no solamente van a ser llevados en la jurisdicción especializada. También dice que en la vía ordinaria se van a dar casos de crimen organizado. Es decir, la jurisdicción va a ser para los casos que escojan para llevarlos a esta jurisdicción especializada. Sin embargo, los casos que hoy se están llevando a la vía ordinaria, van a seguir yendo a la vía ordinaria. Pero entonces les vamos a decir a jueces que están en la vía ordinaria y que llevan casos de crimen organizado: ‘miren señores, como ustedes están en la vía ordinaria, ustedes van a ganar menos'”, agregó Delgado.
Esta moción fue votada en contra por 26 diputados y recibió el apoyo de únicamente 14, por lo que fue rechazada.
