La Comisión de Ingreso y Gasto Público aprobó un informe que recomienda abrir procesos judiciales y éticos por presuntas irregularidades en la institución.
La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó un informe de mayoría respecto a una serie de investigaciones por aparentes irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El texto contó con el respaldo de todos los diputados que integran el órgano, con excepción del oficialista, Manuel Morales.
En el documento se presentaron una serie de recomendaciones a diferentes instancias para abrir investigaciones en contra de funcionarios de la Caja y también exdirectivos de la institución, incluyendo a la exjerarca, Marta Eugenia Esquivel.
La diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, leyó parte de dichas sugerencias que plantea el informe.
«Hay recomendaciones al Ministerio Público que nos parece que son fundamentales, pues se recomienda la apertura de una investigación penal de carácter penal, ya no es solamente administrativa, contra la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, entonces presidenta ejecutiva de la CCSS y contra los miembros de la Junta Directiva que respaldaron dichas acciones, entre el 7 de diciembre del 2022 y el 28 de julio del 2023, fecha en la que la Sala Constitucional ordena la restitución de los miembros suspendidos, de forma espuria.
También, contra la señora Carolina González Gaitán, directora de la Dirección Actuarial y Económica por su presunta participación en la elaboración, validación y utilización de informes actuariales presuntamente manipulados o maquillados que sirvieron como fundamento para la suspensión del portafolio de proyectos de inversión institucional durante el año 2023.
También, hemos de señalar que el informe recomienda a la Procuraduría de la Ética abrir procedimientos de evaluación ética contra la señora Marta Esquivel Rodríguez por presunto uso de su cargo con fines de persecución política al haber impulsado la suspensión de cinco miembros de la Junta Directiva sin sustento suficiente y a pesar de que los informes de Auditoría Interna y de la Procuraduría General de la República descartaron conflicto de interés en la votación sobre el ajuste salarial, que se utilizó de pretexto para estas formas de perseguir y para estas suspensiones irregulares», detalló Alfaro.
Además, el informe también recomienda aperturar una investigación en contra del exdirectivo del sector patronal, Adrián Torrealba, por supuesto conflicto de intereses debido a una donación a la campaña electoral del 2022, en favor del presidente Rodrigo Chaves.
Al Ministerio de Hacienda también se le plantean sugerencias en relación a la deuda que mantiene el Estado con la Caja, tal como detalló Alfaro.
«Se solicita el señor Rudolf Lücke Bolaños, ministro de Hacienda, que proceda de inmediato a confirmar oficialmente el monto de la deuda del Estado con la CCSS, estimada por Auditoría Interna en más de 3.2 billones de colones. Firmar convenios de pago con la CCSS sobre los montos ya conciliados técnicamente sin condicionar su ejecución a temas de carácter político ni afirmaciones de crisis financieras no respaldadas por la Gerencia Financiera ni por la Auditoría Externa.
Reactivar formalmente la Comisión Interinstitucional de Conciliación de Deuda entre Hacienda y la Caja con participación técnica y bajo supervisión legislativa. Y por supuesto, se exhorta en su condición de ministro de Hacienda a que el ministerio a su cargo cese todo tipo de retórica pública que cuestione la solvencia de la Caja sin sustento técnico, especialmente cuando los informes oficiales, por ejemplo, de Deloitte, de la Auditoría Interna y de la Gerencia Financiera confirman superávits», indicó Alfaro.
Finalmente, la legisladora frenteamplista defendió las recomendaciones que plantearon a las diferentes entidades y señaló algunas acciones del Gobierno con la Caja.
«Nos parece que el proceder la investigación que se ha realizado en esta comisión sobre la situación financiera, las distintas irregularidades en las que el Poder Ejecutivo ha incurrido, principalmente al haber incrementado en niveles históricos la deuda que se tiene con esta institución, el hecho de haber utilizado la práctica de suspender a objetivos y dejar descabezada la institución columna vertebral del Estado de derecho en nuestro país, como una estrategia de persecución política, hace que estas recomendaciones sean las pertinentes.
Hay que ver que ha habido aquí un proceso de alteración de documentos legales que tienen responsabilidad penal que se debe establecer y que esta comisión, ejerciendo su obligación de hacer control político, debe en este caso aportar, como lo está haciendo con este informe, a la Fiscalía los elementos suficientes de base para ampliar las investigaciones que ya sabemos que existen, los casos que ya tienen expediente judicial y que ya han iniciado procedimientos», manifestó la diputada del Frente Amplio.
