El proyecto ha sido parte de los planes del Gobierno para combatir la crisis de inseguridad.
Los diputados están abiertos a discutir la posibilidad de permitir la extradición de nacionales.
Por iniciativa del oficialismo, en la corriente legislativa se tramita un proyecto de reforma al artículo 32 constitucional (expediente 23.701) cuyo fin es permitir la extradición de nacionales, es decir, el traslado de costarricenses por nacimiento o naturalización, cuando sean requeridos por juzgados de otros países por actividades de narcotráfico, crimen organizado o terrorismo.
El proyecto ha sido parte de los planes del Gobierno para combatir la inseguridad actual, y ha generado voces a favor y en contra, tanto por el contenido como por su trámite.
Dentro de la Asamblea Legislativa, las fracciones han sido cautelosas, e incluso se presentó una alternativa. Siendo así, solo la bancada de Gobierno ha manifestado abiertamente su apoyo a la iniciativa.
No obstante, diferentes legisladores manifestaron esta semana su apertura a la discusión del proyecto.
Uno de ellos fue el diputado frenteamplista Jonathan Acuña, quien explicó que el asunto requiere amplia discusión pues es simple, y debe pasar por dos niveles.
“El primero es si esto implica una restricción de derechos, por eso su discusión en Comisión va a ser muy importante, si implica una restricción de derechos no podría ser realizado a través de una reforma parcial a la Constitución, yo no sé si es así en este momento, digo que será un tema a dilucidar en la discusión; otra discusión es si este es un mecanismo que haya resultado efectivo, según las experiencias de otros países, para combatir el crimen”, reflexionó el frenteamplista.
Acuña agregó que deben ponderarse otros aspectos, como las implicaciones en la soberanía, los posibles problemas de discriminación y la protección de ciertas garantías legales.
Por su parte, el liberacionista Danny Vargas asegura que esta no es una reforma menor, sino que podría ser la más importante desde la Asamblea Constituyente del 49.
“Antes de 48 y demás podían haber eventuales procesos de extradición indirectamente por causas políticas, y parte de eso fue lo que se vino a proteger con esta reforma constitucional, ese contexto en aquel momento creemos que ya ha sido superado, sin embargo, debemos estar atentos a qué tipo de reforma queremos aspirar si es que prospera, aquí está claro de que es una posible solución de que la extradición de personas, específicamente con delitos de narcotráfico, sea una herramienta para bajar los niveles de inseguridad que tenemos en el país, pero hemos visto experiencias de otros países que han implementado la extradición y los resultados no han sido exitosos, sin embargo, en mi caso particular votaré a favor de la discusión”, dijo el liberacionista.
Vargas, junto con Rodrigo Arias, presentó una alternativa: la propuesta de reforma a la Ley de Opciones y Naturalizaciones (expediente 23.800), cuyo fin es que el Registro Civil proceda a anular la nacionalidad tica de un costarricense naturalizado, cuando se compruebe que esa persona ha tenido procesos penales por lavado de dinero o tráfico de drogas.
Gilbert Jiménez, integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, sostuvo que la situación que vive el país en materia de seguridad lleva a medidas extremas.
“Debemos darnos hoy esta oportunidad de poder analizar a profundidad la situación, aunado a eso la sensibilidad con respecto a la concentización que debemos tener de lo que vive el país, para nadie es un secreto que el narcotráfico día con día viene tomando más terreno, que nuestros jóvenes día con día se ven mucho más enfrentados a situaciones de riesgo y amenaza y a caer en las garras de estas mafias, que no solamente los llevan a tener una vida fácil, una vida corta, porque es mentira que el que entra en el narcotráfico, el que entra en drogas, el que está en terrorismo va a tener una vida feliz, tranquila y duradera, debemos combatir con leyes severas, que Costa Rica no sea un país impune, que no se piense que aquí se puede burlar la ley y que ese país viene a ser un paraíso para esas personas”, aseveró Jiménez.
La iniciativa continúa su discusión en el Congreso, y ha sumado el apoyo de algunos sectores y el rechazo de otros.
Tanto el ministro de Seguridad, Mario Zamora, como el Fiscal Adjunto, Mauricio Boraschi, y el Director del OIJ, Randall Zúñiga, han manifestado su apoyo al proyecto de reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales, actualmente prohibida.
La apertura a la discusión que han mostrado los legisladores fue motivo de celebración para el ministro Zamora, pues asegura que será un paso para impedir que grupos criminales se aprovechen de la nacionalidad.
“En el caso concreto de Costa Rica esta élite criminal compuesta por más de una treintena de narcotraficantes de alto perfil que se han ubicado en Costa Rica que, gracias a nuestra forma gentil y nuestra apertura, nos han tomado la mano pero nos han agarrado del cuello, estas personas han obtenido la nacionalidad costarricense gracias a nuestra hospitalidad y el uso que hacen de esa nacionalidad es que les sirva de escudo para no enfrentar la justicia que les espera en los Estados Unidos con largas y duras penas carcelarias”, dijo el jerarca.
